Miles de peruanos desafían toque de queda para pedir la renuncia de Castillo
Miles de peruanos desafiaron este martes el toque de queda ordenado por el presidente Pedro Castillo para Lima y su vecina provincia de Callao y se manifestaron en la capital para pedir su renuncia.
La marcha improvisada comenzó en distintos puntos de Lima, donde regía un toque de queda que comenzaba a las 02:00 horas local y que fue anunciado por el gobernante minutos antes de la medianoche del lunes y luego suspendido, como una medida para frenar el creciente desencanto ciudadano.
Los peruanos confluyeron en la céntrica plaza de San Martín, desde donde trataron de caminar hasta el Congreso con lemas muy similares a los exhibidos por los simpatizantes de la excandidata presidencial Keiko Fujimori durante la polarizada campaña electoral del año pasado que llevó a Castillo a la Jefatura del Estado.
A unos metros del Congreso, la Policía Nacional de Perú (PNP), equipada con instrumentos antidisturbios, estableció un cordón para evitar el avance de los manifestantes.
En el interior del Palacio Legislativo, tal y como estaba previsto, Castillo sostiene una reunión con los líderes de los partidos.
Al llegar al cordón policial, algunos manifestantes se enfrentaron con los uniformados sin que la confrontación escalara.
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"Vengo a decirle al presidente Castillo que se vaya porque está haciendo un mal gobierno", explicó a Efe Gloria, una de las manifestantes, para quien el país está hundiéndose "cada día".
La detractora del gobernante reclamó "que se vayan todos" los políticos, incluidos los parlamentarios, y que se convoquen nuevas elecciones.
"Estamos aquí para defender la libertad, para que el presidente que tenemos, que está aprendiendo a ser presidente, ya no siga con nosotros, que se vaya. Tiene que estar en el gobierno alguien que realmente sea capaz de poder liderarnos", comentó otra manifestante que prefirió mantener su nombre en el anonimato.
El toque de queda en Lima y Callao entraba en vigencia este martes, al igual que una declaración de estado de emergencia, en respuesta a un paro de transportistas que comenzó hace ocho días y que prácticamente no tuvo eco en las dos provincias afectadas por la medida de Castillo.