Tras siete semanas desde que a principios de septiembre la reforma al Código de Aguas fuera parcialmente aprobada por la Cámara de Diputados, el martes 26 de octubre se constituirá la Comisión Mixta que continuará la tramitación del proyecto y zanjará las diferencias que mantiene con el Senado.  Ese día se elegirá al presidente o presidenta, y se establecerán normas de procedimiento, según se desprende de la citación realizada por la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón.

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Integrarán la instancia las y los senadores Adriana Muñoz D´Albora (PPD), Claudio Alvarado Andrade (UDI), Alfonso de Urresti Longton (PS), Rodrigo Galilea Vial (RN) y Jorge Pizarro Soto (DC); y las y los diputados Gabriel Ascencio Mansilla (DC), Daniella Cicardini Milla (PPD), Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), Diego Ibáñez Cotroneo (Convergencia Social) y Frank Sauerbaum Muñoz (RN).

Puntos críticos

Hoy las principales controversias se refieren a los plazos para la causal de extinción, la situación de las turberas en la Patagonia, procedimientos relativos a las “aguas del minero” y el régimen que se aplicará a los derechos de agua ya entregados, entre otras.

Por ejemplo, se discutirá el artículo agregado por el Senado que señala que “los titulares de pertenencias mineras y de concesiones mineras de exploración que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley estuvieren utilizando las aguas halladas en virtud de sus labores mineras y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 56 bis de este Código y del artículo 110 del Código de Minería, deberán informar a la Dirección General de Aguas los volúmenes extraídos con la forma y los requisitos prescritos en el inciso final del artículo 56 bis del Código de Aguas en el plazo de dos años contado desde la entrada en vigencia de esta ley”.

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También la pérdida del derecho de aprovechamiento en el caso de no uso.  La Cámara aprobó que el plazo para extinguirlos fuera de 4 años para los consuntivos, 8 para los no consuntivos, lo cual fue modificado por el Senado de 5 y 10 años respectivamente.

Asimismo se resolverá lo relacionado con el artículo aprobado por la Cámara que “prohíbe la constitución de sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena”.  Los senadores habían agregado el siguiente inciso: “Excepcionalmente, y en la medida que cuenten con una resolución de calificación ambiental, se permite el desarrollo de proyectos públicos de conectividad vial, en fajas acotadas, con el trazado menos invasivo para dichas zonas y con obras que permitan un flujo de las aguas que permitan la mantención de dichos sistemas ecológicos”.

Desde la ciudadanía se ha planteado que tal evaluación sea mediante Estudio de Impacto Ambiental (y no sólo declaración) y que las obras “sean necesarias para el desarrollo de las actividades de usos sustentables por parte de comunidades locales e indígenas y para la ejecución de obras de conectividad y servicios básicos indispensables para estas comunidades”, con el fin de no privilegiar actividades privadas industriales bajo el concepto de “proyectos públicos de conectividad vial”.

Conflictos de interés

Entre los convocados está el senador Galilea, quien personalmente cuenta con múltiples derechos de agua y familiarmente tiene intereses en el área de las sanitarias, según publicó a mediados de 2020 El Mostrador.  Esto llevó, incluso, que a principios de 2021 se inhabilitara de la votación de algunos artículos relacionados con el sector de las empresas de agua potable y saneamiento.

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Entre las materias que deberán ser zanjadas se incluyen varias relacionadas con el saneamiento (área de los intereses de la familia de Galilea a través de Aguas San Pedro).  Incluso se resolverá sobre el artículo 5 ter inciso cuarto que incide en la tarificación (y utilidades) de estas empresas, cuando la autoridad reserve aguas y las entregue a las empresas sanitarias en forma gratuita con el fin de garantizar el consumo humano y el saneamiento.