La Fiscalía Centro Norte se encuentra investigando al ex ministro de Deportes del primer gobierno de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle, por el presunto delito de infracción a la ley de mercado de valores, por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Colo Colo.

En una indagatoria desformalizada y liderada por el fiscal Jaime Retamal, se solicitó la entrega de las comunicaciones entre los ejecutivos de la corredora de bolsa Larraín Vial S.A y los apoderados de la sociedad Inversiones III, propiedad del otrora ministro.

Dichas conversaciones, de acuerdo con la petición realizada con Retamal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, estarían relacionadas con la venta de 1,3 millones de acciones de Colo Colo en mayo de 2018.

Según recoge Radio Bío Bío, la investigación comenzó a raíz de una sanción realizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en noviembre de 2019, en contra de Ruiz-Tagle después de que se autodenunciara.

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De esta forma, la exautoridad debió pagar una multa de 7.500 UF, correspondiente a unos 220 millones de pesos al precio actual, por infringir el deber de abstención. Esto es, no respetar la prohibición de comprar o vender, para sí o terceros, de forma directa o indirecta, valores en la Bolsa sobre los que se tenga información privilegiada.

Pese a que en un inicio la sanción estaba fijada en 15 mil UF, las que serían cerca de $450 millones, la CMF decidió aplicar un descuento del 50% a Ruiz-Tagle por su colaboración en la investigación administrativa.

Respecto a la solicitud del fiscal centro norte, el juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago accedió a su petición, que en detalle consiste en la entrega de un CD que contenga las grabaciones telefónicas entre los ejecutivos de la Corredora de Bolsa y los apoderados de Inversiones III, que guarden relación con las operaciones de Ruiz-Tagle.

“El tribunal considera que existe la necesidad de acceder a lo pedido, pues los datos que se requieren pueden consignar antecedentes relevantes para la investigación incoada y la Corredora requerida ya ha señalado su negativa a entregar voluntariamente los datos pedidos”, fue la respuesta del magistrado.