El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, criticó este viernes el nivel de cumplimiento del Estado de Chile respecto de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en octubre de 2019, en el contexto del estallido social.

“A dos años del inicio de la más grave crisis desde el retorno de la democracia, el Estado de Chile no cumple con sus deberes. El panorama nos resulta desolador”, dijo el jefe del INDH al presentar un balance de la situación.

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El balance se elaboró a partir de la metodología que desarrolló y validó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y consiste en indicadores estructurales, de proceso y de resultado. Tiene tres niveles de indicadores: específicos, generales y final. En el último se expresa la evaluación general agregada de cada recomendación.

Según el seguimiendo que hizo el Instituto, solamente un tercio de las recomendaciones tienen un cumplimiento parcial, mientras que el resto está pendiente. Aquí se contemplan, por ejemplo, sugerencias para el Poder Ejecutivo, Carabineros y la Fiscalía, entre otros.

Avance de procesos legales

De acuerdo con los números dados a conocer por el jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Rodrigo Bustos, hay apenas cuatro condenas de agentes del Estado por hechos relacionados con la crisis social. Hace un año, en 2020, el Instituto tenía presentadas 2.917 querellas. Había 52 investigaciones ya en fase de formalización, 111 personas formalizadas y apenas una condena.

Sin embargo, un año después de eso, y a tres días de que se cumplan dos años del inicio de la crisis social, las cifras no han evolucionado mucho. Hoy el INDH tiene 3.072 querellas presentadas, 70 de ellas se encuentran formalizadas, 136 imputados formalizados y cuatro condenas. Se trata de datos actualizados al pasado 21 de septiembre. “Hemos avanzado muy poco, menos de un 1% de las denuncias que entró al sistema penal tiene una formalización”, dijo Bustos.

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Al respecto el director del INDH recordó que “3.400 víctimas confiaron en nosotros, pero según las cifras de la Fiscalía las víctimas son 8 mil. Estamos conscientes de que mucha gente presentó querellas a través de otras instituciones o a nivel personal o simplemente hizo la denuncia y no quiso presentar la querella. No querían seguir recordando lo que vivieron. Otras no se atrevieron, simplemente, a presentar la denuncia. Hemos estado en 3 mil casos y en sólo cuatro de ellas se dictó una sentencia definitiva condenatoria. Las cifras son devastadoras”,.

En cuanto al seguimiento de los casos de las víctimas, según mostró en el balance Rodrigo Bustos, hace un año se habían aplicado 175 protocolos de Estambul a personas afectadas por los casos más graves de tortura y tratos inhumanos y degradantes. Además, 430 ya habían declarado ante la PDI y 491 ante la Fiscalía. Ahora, en 2021, las cifras mostraron que a 218 se les aplicó el protocolo de Estambul, 533 declararon ante la PDI y 842 ante la Fiscalía.

“Hemos avanzado muy poco en los protocolos de Estambul, no obstante todos los esfuerzos que se han hecho. El instituto estuvo en la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, donde se adoptaron medidas de reforzamiento del Servicio Médico Legal”, añadió el jefe de la Unidad de Protección de Derechos.

Frente a este reducido avance, Sergio Micco planteó que el Estado se ha refugiado “en una errada idea que esto es sólo tarea de los tribunales de justicia. Errada porque el recurso a los tribunales de justicia, que desde ya no es rápido ni expedito, se ha agravado. A las razones estructurales de que no hay un acceso a la justicia se suman otras coyunturales, como la pandemia”.

Reparación y garantías de no repetición

En cuanto a la reparación de las víctimas, el director del INDH cuestionó la política adoptada por el Estado. “Estamos trabajando en una Glosa, la número 12. Nosotros no pedimos participar en esto, porque no consideramos que sea una reparación integral, pero se nos entregó un mandato. Ahora esa glosa ha sido completamente desfigurada en el nuevo proyecto de ley de Presupuesto, que habla de afectados por las manifestaciones”, dijo Micco. Agregó que el proyecto le quita las acreditaciones al INDH y se las traspasa al Ministerio del Interior.

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“Vamos a promover en los próximos días una glosa ¿Quién debe acreditar a las víctimas? Una comisión calificadora de víctimas, constituida después de hacer las consultas a la sociedad civil, a las víctimas, por el Estado de Chile. Y tiene que haber un proyecto de ley integral de reparación”, añadió.

Respecto de las garantías de no repetición, el director del INDH criticó la forma en que el gobierno ha conducido una reforma de Carabineros. “Valoramos una serie de propuestas promovidas de larga data que dicen relación con la modernización y la profesionalización de Carabineros. Pero pedimos un paso más allá. Valoramos el proyecto de ley presentado, que separa la seguridad pública de las funciones políticas del Ministerio del Interior, ¿pero es eso suficiente? Evidentemente que no”.