Los compromisos ambientales de los candidatos presidenciales en Chile
El pasado 9 de agosto, el IPCC publicó su informe respecto a cómo, producto del cambio climático, la temperatura del planeta continuará en aumento y los fenómenos meteorológicos extremos en América Latina se acelerarán cada vez más. Un día después, en Chile, la Comisión Ambiental de Coquimbo aprobó el proyecto minero Dominga que pretende construir una mina a cielo abierto y un megapuerto a menos de 30 kilómetros del Archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo.
La decisión tomada por el gobierno de Sebastián Piñera causó rechazo inmediato en la ciudadanía. Desde hace años que la iniciativa es resistida por comunidades locales y científicos. Pero el “no” a Dominga tuvo un aliado inesperado: Sebastián Sichel, el candidato presidencial con el que la derecha chilena pretende continuar en el poder los próximos cuatro años.
Sichel, independiente de pasado en la centro izquierda, triunfador en la primaria del sector, no solo dijo que Dominga “no es viable”, sino que quiso marcar una clara diferencia con su antecesor: Si es presidente, sí firmaría el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que entró en vigor este año.
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Después de años de rechazo por parte de Piñera a Escazú, hay luz al final del túnel. Los principales candidatos presidenciales en Chile, uno de los cuales asumirá en marzo de 2022 luego de las elecciones, se comprometen a su firma. El contexto mundial y local, con una profunda sequía que impacta cada vez más, han posicionado al tema ambiental en la agenda política chilena.
Serán nueve candidatos que se enfrentarán en las elecciones presidenciales de Chile el próximo 21 de noviembre. Son tres los favoritos: Sichel, de la derecha; la senadora Yasna Provoste (Democracia Cristiana - centro izquierda), única mujer en la elección y el joven diputado Gabriel Boric, del bloque de izquierda Apruebo Dignidad.
Los comicios de noviembre estarán marcados por un proceso inédito e histórico: La Convención Constitucional, órgano que le dio un cauce institucional a las masivas movilizaciones sociales de 2019, ya inició su trabajo de redactar la nueva Constitución en plazo de un año. De los 155 constituyentes, un grupo no menor proviene de movimientos socio-ambientales y la instancia ya está trabajando en incorporar, por ejemplo, los derechos de la naturaleza a la Carta Magna.
Candidatos presidenciales en Chile
Post informe del IPCC y decisión sobre Dominga, Gabriel Boric también quiso dar una señal de campaña en clave ambiental. Estuvo en Punta de Choros, cerca de donde estaría la minera, reunido con pescadores artesanales que se oponen al proyecto y en Puchuncaví, donde firmó un compromiso de reparación ambiental y transición justa para una localidad plegada de industrias, conocida popularmente como una “zona de sacrificio”.
Para Javiera Lecourt, coordinadora de los equipos de energía y minería de la campaña de Boric, el programa de Apruebo Dignidad se articuló sobre tres ejes transversales: feminismo, descentralización y transformación socio-ecológica. “Entendemos que la crisis climática es multisistémica y multidimensional, no se puede abordar solo desde lo ambiental”, sostuvo.
El actual diputado es oriundo de Magallanes, la patagonia chilena y reconoce la existencia de una crisis climática y ecológica. Se compromete a adelantar el cierre de termoeléctricas a carbón de 2040 a 2025 vía ley; a la protección de corredores biológicos de flora y fauna; impulsar empleos verdes; infraestructura de adaptación y resiliencia a la crisis climática; reubicación de comunidades de riesgo; y a una nueva gestión de las aguas con enfoque de cuenca y ecosistémico que apunte a la adaptación al cambio climático.
"La Convención Constitucional recogió un sentir popular de mayor protección al medio ambiente y la naturaleza. A los candidatos que lo plantearon les fue bien y eso se refleja también en los programas presidenciales"
Boric (35 años) representa a una camada de jóvenes dirigentes estudiantiles que dieron el salto al Parlamento. Fundador de la agrupación de izquierda Frente Amplio, se unió al Partido Comunista para formar Apruebo Dignidad, un pacto que pese a que nunca ha gobernado, parte la carrera presidencial como el principal favorito. Fue la primaria más votada, con más de un millón de votos para él.
Pero Boric a no es el único candidato presidencial en Chile que plantea medidas de reparación para las zonas de sacrificio. El mismo compromiso se repite en la mayoría de los programas.
Para Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, uno de los puntos bajos de la campaña es que “se hacen declaraciones sin especificidad de cómo se logra. A las soluciones les falta un correlato”.
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Mena se sumó al equipo de Yasna Provoste como coordinador programático. La senadora (51 años) fue la última en sumarse a la carrera, después de una primaria realizada entre los partidos de la centro izquierda que gobernaron entre 1990 y 2010. El sector viene a la baja en los últimos años y fueron el principal foco de crítica del estallido social.
“El modelo que planteamos, para superar el neoliberal, es que los territorios ignorados en las decisiones tengan más atribuciones, acceso a la participación, que las decisiones territoriales se queden en los territorios. Hablamos de un fondo de recuperación ambiental, que contemple remediación y empleo de reemplazo para actividades que terminan”, asegura Mena.
Entre otras propuestas, Provoste plantea adelantar la descarbonización a 2030 y la carbono neutralidad a 2040 a través de medidas como impuesto al carbono y un compromiso de 100% energías renovables a 2035. También enfatiza en empleos verdes, inversión en obras de resiliencia climática, transporte público eléctrico y que las obras de infraestructura pública y privada cumplan con criterios de resiliencia para enfrentar la crisis climática
En la derecha, Sebastián Sichel (44 años) fue quien llevó el programa más “verde” a las primarias de julio. Fue el único de los cuatro candidatos que hablaba de fin a las zonas de sacrificio. En agua, el candidato independiente quiere crear una Subsecretaría del Agua y habla de “definir la cuenca hidrográfica como unidad básica e indivisible de gestión y administración de recursos hídricos”.
Para la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, “hay un énfasis que antes no se daba” entre los candidatos presidenciales en Chile.
“La Convención Constitucional recogió un sentir popular de mayor protección al medio ambiente y la naturaleza. A los candidatos que lo plantearon les fue bien y eso se refleja también en los programas presidenciales, todos tratan de mostrarse muy ambientalistas. Hoy nadie diría que la protección al ambiente es un obstáculo para la inversión, todos se tratan de vestir de verde”, agrega.
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Para la politóloga Pamela Poo, quien realizó un análisis detallado de las propuestas ambientales de los candidatos a las primarias, los programas presidenciales están pensados en una lógica del siglo XX. Se aborda el tema ambiental “como un capítulo más” cuando en realidad se debería tomar “la crisis ecológica como el escenario en el que vivimos y sobre eso colocar las políticas públicas para enfrentarlo”, sostuvo.
Si bien Poo destaca el avance que hay en las propuestas, uno de los problemas es que “se habla de minería verde sin problematizar usos de agua, de energía, no se piensan las interconexiones”. Ahí es donde también hay propuestas transversales: Boric, Sichel y Provoste plantean minería “verde” o “sustentable”, desarrollo de litio (Boric y Provoste a través de una empresa nacional) y el desarrollo del hidrógeno verde.
El Servicio Electoral chileno rechazó la candidatura del dirigente mapuche Diego Ancalao, por la Lista del Pueblo, por presentar más de 20 mil firmas acreditadas por un notario ya fallecido. El grupo es de tendencia de izquierda anti partidos y se han negado a apoyar al Frente Amplio. Fueron la gran sorpresa en las últimas elecciones constituyentes, con 26 convencionales y prácticamente nula visibilidad mediática previa.
Desde la extrema derecha asoma José Antonio Kast, ex diputado, quien en las elecciones de 2017 alcanzó un 7%. Es quien aparece en las antípodas del resto en materia ambiental, sin muchas propuestas concretas y resaltando ideas ampliamente rechazadas por la ciudadanía y la comunidad científica, como una carretera hídrica que lleve agua del sur al norte para enfrentar la sequía.
La lista de candidatos también estará compuesta por otros tres “reincidentes”: Marco Enriquez-Ominami en su cuarto intento por ser presidente; y Franco Parisi y Eduardo Artés en su segunda aventura a La Moneda.
La constituyente y el extractivismo en Chile
La Convención Constitucional en Chile funcionará en paralelo a la campaña, elección, segunda vuelta (el 19 de diciembre) y asunción del nuevo presidente o presidenta el 11 de marzo de 2022. Quien gane la elección tendrá el deber de implementar la nueva Carta Magna redactada por convencionales que desdibujaron todo el tablero político.
En su discurso inaugural, la presidenta de la convención Elisa Loncón afirmó: “Esta Convención transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la Madre Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación”.
Ahora la Convención está trabajando en comisiones que acuerden las bases de funcionamiento de la discusión constitucional de fondo. Esas bases incluyen, por ejemplo, una comisión de Derechos Humanos que está caracterizando los derechos de la naturaleza, otra de participación popular y otra de descentralización, liderada por la científica Cristina Dorador.
“Quien sea el nuevo presidente, lo va a ser en este contexto de mayores exigencias a actividades mineras, agrícolas y extractivas. Son cosas que requieren políticas profundas, que no se logran en cuatro años de gobierno, por eso es importante la Constituyente. Chile se reconoce como un país minero, no es algo que cambiará en cuatro años, pero sí es una discusión que la Convención puede orientar para las próximas décadas”, sostiene Duran.
