Este jueves en la Cámara de Diputadas y Diputados, por 8 votos a favor y 2 en contra, la comisión investigadora de las actuaciones del Ministerio del Interior, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, en relación al estallido social, aprobó su informe final.

La instancia analizó las medidas tomadas en el país en el marco del control del orden público desde la revuelta popular. Según se indica desde la Cámara de Diputadas y Diputados, la idea fue investigar la legalidad, duración o proporcionalidad de tales medidas. Así, el organismo analizó la proporcionalidad o no en el uso de la fuerza en tales gestiones.

En detalle, el grupo parlamentario indagó sobre aquellos actos que provocaron lesiones o muerte, apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual contra civiles u otros hechos que implicaron afectación o violación de los derechos humanos.

En sus conclusiones, la comisión constató un “incumplimiento en el resguardo de los DD.HH.”. En tal sentido, se apunta a las fuerzas policiales, las cuales deberían ser las encargadas de la mantención y protección del orden público.

Asimismo, en el informe se señala que los agentes del Estado han incurrido en tal incumplimiento por su participación y responsabilidad directa en estos actos.

[Te puede interesar]: Ad portas de gira internacional de Piñera, Amnistía alerta a líderes europeos sobre las violaciones a los DD.HH. en Chile

Junto con las conclusiones, la instancia de la Cámara Baja propuso la adopción de una serie de medidas, en un documento que será remitido a la Presidencia de la República, al Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones:

• Comprometerse a transformar de manera profunda, estructural e inmediata a Carabineros de Chile. Se aspira a que se subordine totalmente al poder civil y desarrolle un proceso de formación policial basado en el respeto irrestricto de los DD.HH.
• Que las transformaciones contemplen la participación de la población. Dicha transformación debe adecuar a las policías a las necesidades de un Estado democrático. A ello, se suma el que las policías tengan organismos de control que eviten los actos de corrupción.
• La revisión inmediata de todas las querellas por ley de seguridad del Estado presentadas a través del Ministerio del Interior o de las intendencias regionales. Asimismo, que se contemple el retiro de todas aquellas acciones judiciales que se entiendan iniciadas por motivos exclusivamente políticos.