El 18 de junio, luego de una falla en el sistema de cobros del Hospital de Carabineros, su director de Salud, Luis Soto Barrientos, renunció. El caso provocó un descuento anormal en las remuneraciones de cerca de 3.000 funcionarios, abriendo un complejo entramado que incluso llegó a la justicia.

De acuerdo a un reportaje que publica este lunes La Tercera, el manejo administrativo y financiero de su gestión redundó en problemas con sus proveedores. Por ejemplo, la sociedad de sistemas computacionales UpgradeChile S.A. demandó en 2018 al Fondo de Salud de la policía uniformada por el término unilateral del contrato para implementar un sistema de gestión hospitalaria para evitar irregularidades. El costo total bordeaba los $ 6mil millones.

Según expuso en su demanda la compañía, estando en una posición de segundo a bordo en la dirección del Hospital de Carabineros, una vez que ascendió al cargo de alto oficial y como representante legal del Fondo de Salud en 2018, en la segunda semana al mando de sus nuevas funciones, Soto notificó el término anticipado del contrato.

En respuesta a esta situación Upgrade, representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, solicitó a la justicia una medida precautoria para suspender todas las decisiones administrativas, como darle curso el término del contrato y cobrar la boleta de garantía, lo que en definitiva implicaba dejar todo en pausa mientras se tramitaba la demanda.

El magistrado no acogió la petición, pero la Corte de Santiago, tras una reposición en julio de 2019, acogió la medida precautoria, paralizando cualquier acto administrativo, lo que decretó el tribunal en agosto de ese año.

"Muchas licitaciones del Hospital de Carabineros deben ser investigadas"

“Este caso es relevante, porque demuestra que, además de las empresas afectadas, los mismos funcionarios están reclamando por las irregularidades en el Hospital de Carabineros. Muchas licitaciones públicas del Hospital de Carabineros deben ser investigadas minuciosamente. Upgrade cumplió con todo lo establecido en el contrato y las irregularidades que denunció en la Contraloría y sede penal y civil durante años, están empezando a aclararse. La salida del general Soto es el primer paso para que el Hospital de Carabineros cumpla las resoluciones judiciales que se han decretado en su contra y que han dado lugar a investigaciones por desacato”, aseguró Colombara.

La respuesta del abogado Claudio Araya, del Fondo de Salud de Carabineros, no se dejó esperar. “Es la empresa Upgrade quien no cumplió con la obligación de generar e implementar un sistema de gestión hospitalaria en la red de salud de Carabineros de Chile, causando millonarios perjuicios, por los que se encuentra demandada ante el 6° Juzgado Civil de Santiago. No existe sentencia alguna -pues los juicios recién comienzan- que ordene al Fondo para Hospitales restituir ninguna cantidad de dinero. Por otra parte, los abogados de Upgrade confunden el Fondo para Hospitales con el Hospital de Carabineros, estamentos jurídicamente distintos. El Fondo no es el encargado de pagar sueldos a los funcionarios del Hoscar, los que se pagan con cargo a su propio presupuesto”, sostuvo.

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El 25 de febrero de 2021, el 23 Juzgado Civil de Santiago congeló la cuenta corriente del Fondo de Salud de Carabineros, una determinación reafirmada el 7 de mayo por el magistrado Luis Eduardo Quesada, a pesar de la insistencia de la institución de dejar sin efecto la medida.

Respecto de la resolución, esta señala que “en atención al mérito del caso, se colige que el solicitante ha acompañado comprobantes que justifican la medida solicitada, toda vez que ha logrado acreditar los elementos antes mencionados y requeridos por el legislador para efectos de acceder a su petición. Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en las normas citadas, se hace lugar a lo solicitado, concediéndose la medida de retención de bienes en los términos solicitados, esto es, los dineros existentes en la cuenta corriente del BancoEstado, a nombre del demandado, Fondos para Hospitales de Carabineros de Chile, hasta la concurrencia de la suma de 26.035 UF o $ 713.367.017, sin previa notificación al demandado”.

Asociaciones de funcionarios de Carabineros apuntan a Luis Soto

Mientras el caso civil y penal sigue su curso, con sus respectivas órdenes de investigar, las asociaciones de funcionarios del Hospital de Carabineros (AnfuHoscar y Cut Militar) denunciaron una serie de irregularidades, apuntando a que la cuenta del Fondo de Salud mueve millonarias sumas que alcanzan $30 mil millones y que no habría fondos, de lo que responsabilizaron justamente a Soto, asegurando que la negativa de restituir los $713 millones era la evidencia de que faltaba dinero.

Paralelamente, en la querella por malversación de fondos, UpgradeChile denunció que “durante toda la ejecución del proyecto los funcionarios del Hoscar manifestaron una permanente mala fe en lo que compete a los tiempos de aceptación y aprobación de documentos sujetos a pago, impidiendo con ello que nuestra representada recibiera a tiempo el pago por los servicios que paulatinamente se iban prestando y entregando”.

Llegado el 27 de agosto del año pasado, el Fondo para Hospitales de Carabineros respondió a la demanda de la empresa. En el documento patrocinado por el abogado Claudio Araya, acusó deficiencias diversas en la plataforma informática. “Tales como no permitir el cobro de cuentas y que los sistemas en el ámbito de atención de salud no cumplían con la reglamentación técnica que regulaban los procesos clínicos, especialmente en laboratorio, anatomía patológica y otros”, detalló.

Fondo de salud de Carabineros demanda al proveedor

“La correcta operación del producto en innumerables casos no ocurrió, siendo el Hoscar y su Red Médico Dental a esta fecha, aún víctimas del funcionamiento lento de las funcionalidades que entraron en producción, lo que afectó el funcionamiento de los procesos asistenciales, que impactan en las personas enfermas que atiende el sistema de salud, funcionalidades con graves incidencias, pérdida de información valiosa para efectos de facturación, sumado a ello, funcionalidades que no entregaron nunca en producción etc.”, respondió a la demanda el fondo de la entidad.

Pero el fondo de salud de la policía uniformada no se limitaría a contestar, por lo que el 20 de junio de 2020, presentó una demanda contra el proveedor, acusando incumplimientos en el contrato.

En la acción judicial que tramita el 6º Juzgado Civil de Santiago, la empresa persigue una indemnización de $ 1.379.872.022, además de que se declare que el contrato entre las partes está terminado anticipadamente, lo que se materializó con fecha 16 de octubre de 2018.

“La empresa Upgrade Chile S.A. no se responsabilizó, incumpliendo sus obligaciones contractuales, pese a las innumerables cartas y oficios que se remitieron para efectos de conocer la posición y los compromisos de la empresa, como, asimismo, de la suscripción de tres anexos al contrato que aumentaron su plazo”, aseguraron.