La empresa Fedir Spa. interpuso una querella en contra de quienes resulten responsables donde acusa el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento privado, lo que se habría llevado a cabo durante la última licitación de Junaeb. En dicho proceso se adjudicaron más de 1.800.000 raciones de alimentos diarios para entregar desde este año hasta 2024 en parte de la región Metropolitana, de Valparaíso, del Ñuble y del Biobío.

Según explicaron los querellantes, el pasado 15 de enero las empresas Las Lagunas SPA, Aliservice y la UTP Tekarera — las que estarían todas vinculadas a Luis Alberto Yapur—, se adjudicaron contratos por un monto total de $501.455.293.934 correspondiente a 1.041.070 raciones diarias a repartir en los territorios asignados.

Además, detallaron que se trataría del mismo empresario a quien un año atrás la Intendencia Metropolitana le compró 150 mil cajas de alimentos para repartir en el contexto de la pandemia, por $5.250 millones.

Según se argumenta en el escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía por el abogado particular y ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, en ese proceso de licitación las empresas "fingieron un capital de trabajo presente y futuro superior al real, lo aumentaron de manera artificial por un total de $8.976.700.000, cuestión que les permitió obtener una calificación más ventajosa y adjudicarse la Licitación Pública".

De esta forma, la manipulación acusada habría consistido en hacer pasar pasivos de corto plazo entre las empresas relacionadas como si fueran de largo plazo y así asegurar entre las tres empresas 1.141.111 de potenciales raciones a financiar.

Perjuicio al Estado y responsabilidad de Junaeb

La acción judicial también argumenta que al existir una falsificación de los antecedentes se podría generar un perjuicio para los menores que acceden a la alimentación que entrega Junaeb. "A través de estas artimañas contables, no solo consiguieron la adjudicación ilegítima de los contratos licitados, si no que han puesto en riesgo la alimentación de escolares y párvulos", acusan.

Además, se sostiene que "causaron perjuicios económicos a todos los proponentes que se vieron ilícitamente desplazados y postergados en la licitación (…) adulteraron el contenido de los antecedentes esenciales y requeridos por las Bases de la Licitación Pública, consiguiendo, en perjuicio del Estado y de terceros, hacerse de contratos que, por capacidades económicas reales, ordenes contables y financieros, capacidades logística, entre muchos otros atributos, simplemente, no contaban".

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La acción judicial también podría afectar a los funcionarios de la Junaeb involucrados en el proceso, puesto que la querella apunta a que existieron múltiples artificios contables que habrían sido posibles de identificar contrastando la información de los Estados Financieros con otros antecedentes aportados por las empresas relacionadas. Para el querellante, "si la detección de la alteración contable no reviste mayor complejidad, y menos aún para una Comisión Evaluadora experta, es, al menos, llamativo que esta no lo haya identificado, por lo anterior, esperable resulta entonces que la presente investigación también se aboque a ello".

Es por ello que en el escrito se solicita llamar a declarar al Director de la Junaeb, Jaime Tohá, y a toda la Comisión Evaluadora de la mencionada licitación.

No sería la primera vez

Juan Ignacio Piña destaca en el escrito que en 2015, en una situación con características similares, Junaeb debió interrumpir anticipadamente los contratos con las Empresas Ibasa, que no contó con los recursos financieros que le permitieran cumplir con las 140 mil raciones de alimentos diarias que le habían sido adjudicadas en tres regiones, y Sercomaule, que contaba con un contrato por $14 mil millones anuales para la entrega de 116 mil raciones diarias, pese a que tenía impagos por más de 500 millones.

En el mismo año, argumenta el escrito, el CDE presentó una querella por presunto fraude al fisco, al comprobarse que en la licitación de Junaeb de ese año se le adjudicó a la Empresa Vertti Frutti y Hendaya con sobreprecio cercano a $5.000 millones. El caso costó la salida del cargo al entonces Director de la Junaeb, José Miguel Serrano (DC), quien finalmente fue formalizado por fraude al fisco.

Es por esto que se en el documento también se solicita que “del Ministerio Público se oficie al Consejo de Defensa del Estado, haciéndole llegar todos los antecedentes que son materia de la presente querella, para que éste resuelva según las atribuciones que le confiere su Ley Orgánica, ejercer las acciones penales que estime pertinentes en atención a los perjuicios patrimoniales que pudieren haberse ocasionado al Fisco”.

Finalmente, junto con la acción penal, esta mañana también se presentó una solicitud de invalidación de la mencionada licitación ante la Junaeb, debido a que en atención a las presuntas adulteraciones de los Estados Financieros, la adjudicación a Las Lagunas, Aliservice y la UTP Tekarera serían contrarias a derecho.