En manos de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI se encuentra una indagación penal, encargada por el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Sepúlveda, y que apunta a la eventual existencia de irregularidades en la comercialización y no cobro de millonarias demandas de publicidad de vía pública durante la administración del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios.

Esto, luego de que el Fiscal Nacional Jorge Abbott derivara a esa unidad los antecedentes del "Informe de Investigación Especial, 2013-2020”, desarrollada por la Contraloría General de la República a fines del año pasado, tras considerar que los resultados de dicha auditoría podrían revestir carácter penal.

La indagación de la Brigada Anticorrupción se basa en la Investigación Especial, efectuada por los fiscalizadores del órgano contralor al interior del municipio, que dio cuenta de una serie de incumplimientos e irregularidades relacionados con el no cobro o condonación a privados de millonarias deudas, por el uso de espacios públicos destinados a carteles publicitarios que no habían pagado dichos permisos o multas.

A ello se sumó la realización de una licitación pública para la operación de 18 carteles led en la comuna. El cuestionamiento de los auditores en este caso radicó en que el municipio decidió no hacer efectivos cobros de multas que le habían sido concedidos en tribunales.

Según confirmó a Agencia Uno-SíntesisChile la Fiscalía Oriente, la indagación -que se encuentra en etapa de declaraciones e interrogatorios preliminares- “no tiene fecha de cierre y está encargada al jefe de la unidad de Alta Complejidad Oriente”.

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Fuentes del municipio indicaron que hasta el momento la Brigada Anticorrupción de la PDI ha emitido citaciones al director de la Secretaría de Planificación, Víctor Tapia; al Administrador Municipal, Enrique Orrego, y la jefa jurídica de La Reina, Andrea Díaz. Todos funcionarios de primera línea edilicia que llegaron a cumplir funciones durante la actual administración del alcalde José Manuel Palacios.

También serían indagados el jefe de Administración y Finanzas, Cristián Martínez; el Contralor municipal, Juan Carlos Rey; y Director de obras, Carlos Lineros, quienes son funcionarios de carrera y están en La Reina desde antes del arribo del jefe comunal.

Además, la PDI efectuará la revisión de los informes de ejecución presupuestaria 2017 – 2019, transcripción de algunas sesiones de Concejo Municipal, oficios municipales relacionados con la normativa de Vialidad sobre la publicidad caminera, y sumarios administrativos.

Junto a ello, también se contactó a miembros del concejo municipal, como el concejal DC Álvaro Delgado -quien presentó la denuncia que originó la auditoría de la Contraloría-, el ex funcionario municipal Patricio Cruz Oyanedel, y Felipe Saavedra, alto ejecutivo de la empresa publicitaria JC Decaux, una de las firmas involucradas en las cuestionadas adjudicaciones de letreros led del municipio.

"Lo único que queremos es que esto se siga investigando"

Si bien, aún no está confirmado que el alcalde sea citado -permanece con suspensión de sus funciones a raíz del receso electoral pre eleccionario-, trascendió que tras enterarse de las indagaciones policiales, su equipo jurídico se encuentra reuniendo y chequeando el cumplimiento de las observaciones planteadas en el informe de auditoria y por las cuales Contraloría ordenó efectuar un nuevo sumario administrativo, luego de que el primero fuera sobreseído internamente.

Entre otros aspectos, el informe de Contraloría -hoy en manos del fiscal Sepúlveda- cuestionó al municipio no haber actuado con la oportunidad y rigurosidad esperable para fiscalización y cobrar los derechos de publicidad, además de graves incumplimientos de la normativa nacional que regula la instalación de publicidad en la vía pública.

También le reprochó el haberse desistido de poner en las arcas públicas los dineros provenientes de las demandas civiles interpuestas contra las empresas que no hubieran pagado estos derechos, permitiendo posteriormente que las mismas empresas demandadas, pudieran participar, ofertar y adjudicarse nuevamente los espacios publicitarios.

Consultado el municipio respecto de la indagatoria, el alcalde (s) Enrique Orrego -uno de los funcionarios citados a declarar- expresó que la entidad recibe la indagación con “tranquilidad e incluso alegría. Lo único que queremos como municipalidad es que esto se siga investigando, que salga a la luz pública y que se persiga a los responsables, porque fue esta administración la que terminó con las irregularidades existentes, iniciando un proceso de licitación de retiro de todas las estructuras publicitarias, para luego ejercer las acciones de cobro ante los Tribunales de Justicia”.

Orrego agregó que “todas las acciones que como municipio hemos interpuesto, se encuentran en proceso de tramitación. En otras palabras, no ha habido sentencias sobre estas demandas”, dijo citando una de las causas en las que el municipio se habría desistido de proseguir con el cobro al constatar que el letrero pertenecía a una fundación.

No obstante, a la fecha, la mayoría de las acciones jurídicas interpuestas desde 2018 no siguieron su tramitación desde que el municipio declarara que renunciaba a cobrar los fondos, situación que las llevó a ser declaradas en abandono por la justicia, lo que ya había sido advertido como un “riesgo” por la Contraloría en su informe de diciembre pasado.

Tras concluir su auditoría en el municipio, la Contraloría Regional Metropolitana envió sus conclusiones al fiscal nacional, quien ordenó a la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente la realización de una indagación penal.