Hace más de diez días que la bancada de diputados del PPD, encabezada por Raúl Soto, realizó una presentación a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), para que investigue si las empresas de gas licuado se han coludido o no en la fijación de precios de los distintos tipos de productos, ofrecidos en el servicio de gas residencial bajo la modalidad de GLP (Gas Licuado de Petróleo).

Sin embargo, hasta el día de hoy, la FNE no se ha pronunciado sobre dicho requerimiento, ni despejado las dudas que existen respecto al alza del precio del gas que afecta a numerosas familias en plena pandemia.

“Seguimos muy preocupados por este tema, ya que sigue aumentando el precio del gas, afectando sobre todo a los sectores vulnerables y a la clase media, donde la pandemia ha causado estragos desde el punto de vista económico y social. Queremos despejar dudas y evitar cualquier atisbo de abuso, o posibilidad de concertación de precios, protegiendo con fuerza a los consumidores”, señaló el diputado Raúl Soto.

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El parlamentario agregó que “la empresa Lipigas ya fue sancionada en el 2017 por colusión en el mercado del gas licuado en Perú, por lo tanto, hay precedentes respecto a malas prácticas en este mercado, que en nuestro país es controlado por tres grandes empresas, Gasco, Abastible y Lipigas”.

“Esperamos tener en el menor plazo posible una respuesta por parte de la FNE para descartar cualquier práctica ilegal, y en caso de que la hubiera, se abra una investigación que corrija y sancione a quienes corresponda”, concluyó.

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