El fin de semana pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) llegó hasta el penal Santiago Uno para constatar las “condiciones infrahumanas” en que se encontraban los reos del recinto, lo que culminó en un chequeo nacional anunciado este miércoles por Gendarmería “para detectar si hubiera otras situaciones similares”.

En Santiago Uno, según lo informado por el INDH y respaldado por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, presos de la celda Nº1 del Módulo 88 se encontraban en un espacio de dos metros de frente y tres metros de largo, sin luz eléctrica, lavamanos ni ducha. Además, algunos reos dormían en colchonetas en el suelo y el inodoro no funcionaba por estar obstruido con excrementos.

“Se ha ordenado un sumario administrativo y se han tomado una serie de acciones inmediatas para mejorar las condiciones de vida de los imputados afectados”, afirmó en un comunicado el Director Regional Metropolitano de Gendarmería, coronel Víctor Provoste Torres.

Los internos, que además cumplen con prisión preventiva, “no tienen acceso a patio durante las 24 horas del día, situación que les afecta desde que se encuentran en dicha celda, algunos de ellos llevan seis meses en dicho lugar”, aseveró el Poder Judicial.

Para el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), Carlos Margotta, los reclusos pertenecen a un “sector invisibilizado” y “estigmatizado”, a manos de la negligencia del Estado Chileno.

“Recuerdo aquella famosa frase de la capellana de la cárcel de mujeres cuando el Papa visitó Chile: 'En Chile se encarcela la pobreza’. Claro, en Chile se encarcela la pobreza, pero además nadie se ocupa de esa pobreza encarcelada, da lo mismo el respeto por sus derechos”, afirmó el abogado a El Desconcierto.

“Todos sabemos del hacinamiento que viven los presos en nuestras cárceles, todos sabemos el maltrato al que son permanentemente expuestos por parte de sus celadores, todos sabemos las difíciles condiciones de habitabilidad que tienen los presos comunes en nuestras cárceles, sin embargo nadie se preocupa teniendo la obligación el Estado de hacerlo”, continuó.

Desde Gendarmería, ante los hechos constatados en Santiago Uno, reafirmaron públicamente “su compromiso con el respeto y protección de los Derechos Humanos de quienes están a su resguardo”. Además, señalaron que la institución “continuará velando por la seguridad y salud de todos y cada uno de ellos”.

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Gendarmería también debió pronunciarse, a través de otro informativo, sobre el estado de salud de los 115 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Talca contagiados de COVID-19 que denunciaron en un video estar hacinados en un espacio reducido, sin acceso a medicamentos -más allá de paracetamol- ni condiciones mínimas de salubridad.

Desde la institución carcelaria indicaron que todos presentan sintomatología leve, siendo monitoreados día y noche por personal de salud, y “realizando cuarentena en zonas de aislamiento, habilitadas para este tipo de casos; sin necesidad de ser trasladados a un recinto hospitalario”.

Sin embargo, y de acuerdo con lo narrado en el registro audiovisual, los reos del módulo 4 del CCP, todos en calidad de imputados, estarían encerrados en condiciones “insalubres”, y pese a haber alertado a las autoridades del estado del anexo, aseguran no haber recibido respuesta alguna.

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Víctimas del sistema

“Hay una especie de desprecio por los seres humanos que están encarcelados”, aseveró Carlos Margotta, “que nosotros tenemos la obligación de denunciar, porque ellos merecen ser respetados tal como lo señalan los distintos tratados internacionales de DD.HH. que regulan la materia”.

El abogado también explicó que el único derecho que se les puede restringir a los internos “es el derecho de la libertad ambulatoria. Es el único derecho, pero ninguno más. La dignidad del ser humano también la tienen los presos comunes, y nosotros como institución estamos llamados a apelar por estos derechos y estas personas, porque también son víctimas de este sistema”.

De todas formas, tan pronto se hizo público el video viralizado, la institución penitenciaria buscó apaciguar la inquietud generada por las condiciones denunciadas por los reos. El registro llegó a las redes la tarde del lunes 12 de abril, y el martes 13 respondió la autoridad. Mismo día que la CChDH alertó por la “nula aplicación de los protocolos sanitarios” en el Centro Penitenciario Huachalalume, en La Serena.

Reclusos “temerosos e intranquilos”

Los Observadores Ciudadanos de Derechos Humanos Cascos Rojos, colaboradores de la CChDH, denunciaron el 13 de abril diversas irregularidades en dicho recinto, entre ellas, el fallecimiento de una persona por presunta negligencia de Gendarmería.

Según describen, “el día 07 de abril de 2021 se toma en conocimiento el deceso de un interno de módulo 32, Sr. Fernando Valencia, quien padecía de enfermedad de base, siendo de la población de alto riesgo, por lo cual fue vacunado con ambas dosis”.

“A pesar de esto”, continúan, “su estado de salud se fue deteriorando siendo informado su malestar físico al personal de Gendarmería de guardia, el cual hizo caso omiso de lo señalado por el interno, no derivándolo a un centro médico del recinto, Como consecuencia, el funcionario a cargo de abrir las puertas de las celdas en la jornada de la mañana encontró al interno fallecido en su cama”.

Tras este fallecimiento, “los demás reclusos se encuentran temerosos e intranquilos”, informó Cascos Rojos, considerando que hasta el momento una “mínima parte” de los reos está vacunada, pese a que cuatro funcionarios de Gendarmería dieron positivo a COVID-19 cinco días después del deceso de Valencia.

Además, el organismo señala que el año 2020 los internos de varios módulos solicitaron por escrito que fuese aprobada una “autocuarentena”, la cual rechazó el recinto carcelario “sin mayores razones”.

Vulneraciones a los DD.HH.

Por otro lado, Cascos Rojos aseguró que la institución penitenciaria “solo en dos ocasiones el año 2020 ha entregado mascarillas a la población interna, las cuales fueron confeccionadas por los mismos reclusos de material de TNT”.

“No se hace entrega de cloro, alcohol gel ni amonio cuaternario debido a lo complejo que radica la manipulación de estos productos por los internos, a pesar de ser requeridos como medida de higiene y protección”, agregaron los observadores de DD.HH.

“Tampoco se ha realizado fumigación ni desinfección del penal según indica el Plan de Acción por Coronavirus en su etapa nivel 2, la cual debe ser aplicada cuando se confirme contagio en la población penal y se deban extremar las medidas de mitigación de riesgos, como es el caso del Penal de Huachalalume”, señalaron.

El organismo aseguró que “sabemos de las deficiencias del sistema carcelario en contexto ‘normal’, sin embargo, y en virtud del escenario sanitario en el que se encuentra el país, el gobierno ha destinado recursos para satisfacer las necesidades mínimas dentro de las cárceles, lo cual en el Centro Penitenciario de Huachalalume no se está llevando a cabo, vulnerando los derechos humanos de los internos y de los funcionarios de Gendarmería, presentando nefasta aplicación del Plan de Acción Integral por Contingencia COVID-19”.

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La CChDH, junto con compartir el análisis de Cascos Rojos, llamó “al Ministerio de Justicia y a Gendarmería, a resguardar el derecho humano a la vida y la salud de los internos, y al INDH, a ejercer sus facultades”.

De acuerdo con su presidente, “el Estado Chileno, a través de esta negligencia y desidia, está incumpliendo gravemente los tratados internacionales de DD.HH. Es como que a nadie le importa lo que pasa con los presos, sobre todo si son presos comunes, a nadie le interesa, como si fueran cosas desechables”.

El abogado reiteró que el “desprecio” del gobierno de las personas privadas de libertad “refleja el incumplimiento por parte del Estado de su obligación internacional en materias de DD.HH., y también se da respecto de los presos comunes. Ellos también son víctimas de una permanente violación sistemática a los DD.HH. que está ocurriendo en nuestro país”.

“Este gobierno no escucha cuales son las orientaciones que ha dado tanto la Organización Mundial de la Salud como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a cómo resguardar debidamente la salud de la población carcelaria, tampoco ha escuchado mucho las recomendaciones de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., que también hizo un especial llamado a liberar presos producto del hacinamiento que tienen nuestros recintos carcelarios, ya que la exposición al riesgo de contagio es altísima”, agregó Margotta.

Hasta el momento, Gendarmería sólo ha tomado acciones respecto a los hechos denunciados en Santiago Uno, en donde “para resguardar la salud e integridad física de las seis personas privadas de libertad que habitaban la celda, éstas fueron trasladadas a otras dependencias que tienen condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad suficientes”.

En tanto, en relación a la acusación de los reos del CCP de Talca, sólo realizaron algunas aclaraciones, sin referirse a la falta de acceso a medicamentos para combatir el COVID-19 informada por los internos, ni a las condiciones “insalubres” que denunciaron.

Sobre la denuncia de Cascos Rojos respecto al Centro Penitenciario Huachalalume publicada este miércoles, la institución carcelaria aún no se ha pronunciado. Sin embargo, según explica Margotta, estos observadores de DD.HH “tienen muy mala relación con Gendarmería” y, por lo tanto, han optado por esta declaración pública.

“Si hay tres casos, Santiago Uno, Talca y Huachalalume, da cuenta de que la violación de los derechos de los presos al interior de las cárceles es generalizada. Y si van a hacer una investigación de todos los penales es porque ya se rebasó el límite, no pudieron tenerlo más guardado, ya reventó, y me parece bien que haya reventado”, cerró Margotta.

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