Esta mañana, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, junto con la bancada parlamentaria y la Comisión de DD.HH. del partido, ingresaron un requerimiento a la Contraloría de la República solicitando que inicie una auditoría a la institución de Carabineros de Chile, luego de los operativos de allanamiento que dejaron a decenas de pobladores detenidos durante este fin de semana.

En el oficio, el partido frenteamplista acusa que el sábado 13 de marzo Carabineros de Chile (GOPE) ingresó al comedor popular Luisa Toledo de Villa Francia, comuna de Estación Central, haciendo uso excesivo de la fuerza, irrumpiendo sin orden judicial y deteniendo a las personas que se encontraban en el recinto.

Paralelamente, ese operativo se replicó en otras cuatro poblaciones del sector sur de la capital; La Legua de San Joaquín, Lo Hermida de Peñalolén, San Ramón y San Bernardo.

A estos hechos se suma que en los últimos días las fuerzas de orden han destinado “contingente policial excesivo para la ‘Plaza Dignidad’ (...) efectuando un gran gasto de recursos públicos”, según indican en el documento.

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Por estas razones, las dirigentas y dirigentes oficiaron a Contraloría para que fiscalice los actos administrativos, los protocolos de uso de fuerza y los operativos que afecten gravemente las garantías de las personas.

“No podemos permitir que Carabineros continúe realizando este tipo de allanamientos clasistas y discriminatorios, que claramente tienen el objetivo de perseguir y violentar a los movimientos sociales”, señaló la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano.

“Por este motivo estamos exigiendo que Contraloría revise las graves faltas a los protocolos en los que incurrió carabineros durante estas acciones, haciendo un uso desmedido de la fuerza que no podemos normalizar”, agregó.

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez afirmó que “la brutalidad de la represión, sumada a la discriminación clasista de los operativos policiales durante el estallido y la pandemia han generado un daño irreversible en nuestro país. Definitivamente las policías y Fuerzas Armadas dejaron de ser funcionales para cumplir con los objetivos que les mandata el poder civil”.

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“Las fuerzas de orden y seguridad no entregan garantías ni de orden ni de seguridad, sino todo lo contrario. Al mismo tiempo que tenemos un desgobierno sin intenciones de modificar el rumbo represivo que lo ha caracterizado durante sus tres años de gestión”, expresó el parlamentario.

En tanto, el jefe de bancada de Convergencia Social, diputado Gonzalo Winter, indicó que “la represión desatada que se aplicó este fin de semana contra distintas poblaciones de la Región Metropolitana debe parar. No se puede usar como pretexto la situación sanitaria para intimidar y agredir de esa forma a la población. Usaremos todas las herramientas que tenemos para intentar frenar la ofensiva del gobierno”.

“Es relevante que la Contraloría ejerza su función de fiscalización ante la Institución de Carabineros por los hechos vividos el fin de semana recién pasado, sobre todo por el uso desmedido de la fuerza que ha ejercido en contra de manifestantes y por los allanamientos que afectaron a distintas poblaciones, sin respetar los protocolos institucionales. Además, nos parece esencial que se revisen los gastos que ha tenido la Institución para efectuar estos procedimientos”, cerró Jaime Fuentes, vocero de la Comisión de Derechos Humanos de CS.