“El Ministerio de Bienes Nacionales está al debe con la gente de esta región, con los campesinos, con la gente de las islas. Con este tipo de acciones se empobrece a la comunidad. Cuando BB.NN. entrega tanto terreno, tanto territorio a un particular, sobre todo a poderes gigantescos del Estado, a extranjeros, a estas pantallas de fundaciones, ¿qué es lo que hace? Empobrece a la gente que ha estado toda su vida en estos territorios”, dijo la consejera regional Marcía Nahuelquín, en la sesión telemática del CORE de Aysén del 30 de octubre de 2020.

“Tramitaciones de concesiones de veranadas, que siempre se les han cerrado las puertas, tramitación de 11 terrenos para viviendas, que llevan años esperando, y que se entrampan a nivel central (…) la ciudadanía lleva años de espera de soluciones de Bienes Nacionales”, había recalcado previamente, en la misma instancia, el consejero Washington Medina.

“Esta es una situación más del intento de saquear nuestra tierra por parte de grupos económicos, y que ha sido transversal, o sea, no nos olvidemos cómo hemos ido perdiendo territorio en cada administración (…) lo que me preocupa es que finalmente, de algo tan relevante como es la tierra, la administración está en manos de un ministerio que no escucha a los territorios”, remataba la consejera Andrea Macías.

En esta sesión, se le informó a las y los representantes regionales que Fundación Parque La Tapera - perteneciente a Paola Luksic - y el Ministerio de Bienes Nacionales decidieron no perseverar con la solicitud de dos concesiones onerosas a 30 años, por más de 15.000 hectáreas en la zona aledaña al Ventisquero Montt, en la comuna de Tortel.

Las intervenciones arriba expuestas ante el entonces seremi de BB.NN, Alejandro Escobar, quien estaba presente en el consejo ese día, no hicieron otra cosa que evidenciar la molestia de los pobladores de la zona, respecto a la solicitud de un porcentaje de tierra fiscal por parte de una de las familias más poderosas de Chile, tramitada de forma exprés y de la cuál la comunidad no tenía idea hasta que salió en la tabla del CORE.

Este requerimiento fallido de una de las integrantes del clan Luksic, como bien lo señalan los expositores, tiene un grave trasfondo que cala profundo en la sociedad aysenina, y particularmente en la comuna de Tortel. “La comuna es un 90% Área Silvestre Protegida. Entonces seguimos pensando, además, en entregar terrenos a privados, cuando lo que hay que establecer ahí – en el terreno que solicitó Fundación La Tapera - son polos de desarrollo regional. Es un sector que está a 25 kilómetros de Campos de Hielo Sur”, sostuvo en la instancia la consejera Macías.

“No podemos estar loteando Chile, y menos aún entregándoselo a privados para hacer parques privados, que finalmente no generan retribución para la región”, concluyó la autoridad regional en aquella oportunidad.

En ese mismo consejo, y luego en dos instancias más donde el seremi discutió esto con el CORE (11 de noviembre y 25 de noviembre), se aclaró que la solicitud de La Tapera ya no corría, pero que se dejaba abierta la puerta a que se pudiera ingresar un nuevo requerimiento. Mientras, para el problema de fondo con los habitantes de Aysén y sus solicitudes que esperan por años, y que se pierden archivadas en BB.NN. - a diferencia de lo que ocurrió con Paola Luksic -, no se dio ninguna solución.

El 1 de diciembre el seremi Alejandro Escobar renunció a su cargo y, según las fuentes que hablaron con El Desconcierto, lo que ocurrió con el Ventisquero Montt fue la gota que rebalsó el vaso, luego de un episodio en agosto de este año, cuando trató de “viejas de mierda” a dirigentas de Tortel.

“¿Era necesario que saliera? Sí, era necesario, pero eso también significa que de nuevo los trámites y procesos van a quedar estancados, porque quien llegue va a empezar de cero”, dice la consejera Nahuelquín, a quien le parece muy conveniente esta dimisión justo cuando la gente de la región comenzaba a reactivar sus solicitudes de tierra a BB.NN., por todo lo que pasó con La Tapera.

“El sacar al seremi es una estrategia para frenar eso, y mantener a la población sin respuesta, sin poder mejorar su calidad de vida. Es colocar un paño de agua fría, olvidemos esto, que pase un tiempo y volvemos a maquinar con las mismas políticas que han impuesto por años”, sostiene la autoridad.

Un lugar estratégico

El territorio solicitado a Bienes Nacionales por la fundación de Luksic, en una petición ingresada en febrero de 2020, representa para la consejera regional Andrea Macías “un sector tremendamente estratégico en términos geopolíticos”.

Efectivamente, y de acuerdo a la investigación del periodista de la zona, Mauricio Aguilera - información que fue corroborada en el SII por este medio -, el territorio requerido por La Tapera se encuentra rodeado ya por terrenos privados adquiridos por la misma fundación a través de diferentes sociedades.

Como se puede apreciar en el primer gráfico, los terrenos privados al lado del predio solicitado son propiedad de Fundación Parque La Tapera, Inversiones SMLP Chile Limitada – de la cual Paola Luksic es controladora desde 2014 – y Green Forest Global Reserves C.V., una empresa que tiene base en Holanda y que estaría aparentemente inactiva hoy en día, según la página opencorporates.

Sin embargo, la base operacional de Fundación Parque La Tapera está ubicada, de acuerdo a lo que comenta Aguilera, en el predio vinculado a Green Forest Global, al igual que muchos de los senderos que se ofrecen para turistas en la página en su página web, donde estos terrenos de la compañía holandesa aparecen en el mapa como parte del parque.

“Nosotros sabemos en Tortel que ella lo compró todo”, asegura Aguilera a este medio, corroborando las versiones que entregan también otros pobladores y representantes de la zona.

Por su parte, Peter Hartman, director de Codeff de la Región de Aysén, enfatiza lo que esto significa para los recursos hídricos de la zona. "Lo que ocurre con el tema del agua es que el acceso al glaciar esta siendo monopolizado, y no está muy claro si vamos a poder pasar o no, y además es Área Silvestre Protegida", dice el vocero de la ONG ambientalista, agregando que este recurso ha estado también, por supuesto, siempre en la mira de intereses privados.

"Uno de los predios que adquirió Paola Luksic era de Waters of Patagonia, y lo que pretendían hacer ellos era envasar el agua de la laguna que venía del glaciar y venderlo a Estados Unidos. Si Luksic compró los derechos también del lago podrían continuar ese negocio. También en el río Pascua, por ejemplo, los derechos de agua eran de Endesa pero los devolvió hace poco al fisco", cuenta el especialista.

Para el concejal de la comuna, Miguel Ángel Hernández, la depredación de territorios privados, y ahora fiscales con estas solicitudes, por parte de la familia Luksic y otros grupos económicos, deja entrever la principal problemática para la gente del sector: el favorecimiento de las políticas públicas hacia las élites económicas y no hacia la población.

“Esto ha sido una problemática a nivel regional, con expedientes que han estado por años en la Seremi de Coyhaique, y que no han avanzado. Entonces de ahí surge la molestia de los pobladores, de que a estas familias se les agilice el proceso, y que ellos no han recibido ninguna respuesta”, apunta.

Además, para Hernández, la adquisición de propiedades de Paola Luksic afecta también todo el desarrollo productivo comunal, en el mediano y largo plazo.

“La comuna de Tortel tiene poco terreno disponible para sacar adelante algún tipo de proyecto productivo. Y a eso se le suma que la mayoría de nuestro territorio es de conservación, llámese reserva o parques. Y los pocos terrenos disponibles, planos, con cierta cantidad de suelo que podría ser utilizado, son justamente los que están cayendo en manos de estas fundaciones (...) la verdad es que, si nosotros en un futuro quisiéramos presentar proyectos comunales o provinciales, que tengan incidencia agrícola, ganadera, maderera, productiva, turística, ya no tendríamos terreno”, explica el representante.

“Los jóvenes no tenemos acceso a la tierra, nuestros padres están viejitos, y lo único que quieren es vender. Y cuando le venden, ¿a quién crees que le venden? A ellos”, acusa el dirigente.

Es el caso de Paulo Landeros, por ejemplo, cuyo padre era dueño del terreno que ahora aparece en el SII como propiedad de Green Forest Global Reserves C.V., el mismo lugar donde ahora se encuentra la base de operaciones de Parque La Tapera.

“Mi viejo por una enfermedad tuvo que vender, pero nunca les dijeron que eran los Luksic, sino que se presentaron con otro nombre”, cuenta Landeros a El Desconcierto.

“Pasó un año después de que vendieron, que le avisaron a mi viejo que tenía que retirar todo lo que había en el campo porque los Luksic se iban a instalar ahí (…) si hubiéramos sabido que era para ellos no lo hubiéramos vendido. A mi modo de pensar lo que ellos hicieron fue mentirle a la gente”, explica el poblador de Tortel.

El año 2002, Landeros también hizo una solicitud a Bienes Nacionales – a través de la entonces vigente Ley del Sur -, para ocupar un terreno de 600 hectáreas ubicado dentro del mismo espacio que requirió La Tapera 18 años más tarde, la cual le fue denegada tras años de trámites.

“Cuando fue BB.NN. a mensurar, ellos me querían medir un lugar que yo no había solicitado, que era lejos del lugar que yo pedía, y que no tenía acceso ni tampoco agua. Entonces, les dije que si me iba a mensurar un lugar que no me servía mejor no lo hicieran, porque estaba arriba de la cordillera donde hay nieve en invierno y verano”, denuncia el poblador, cuya solicitud aparece como “no otorgada por desistimiento” en el sistema de Bienes Nacionales.

La otra concesión fallida de los Luksic

Una situación prácticamente igual a la de su hermana Paola, protagonizó Andrónico Luksic, hace más de ocho años. Hoy, la gente que estuvo involucrada, y que aún debe mantener relación en la localidad de Villa O'Higgins con el empresario, quien pasó toda la pandemia viviendo en sus terrenos adquiridos en la comuna - en su hacienda Las Margaritas - recuerda que en ese tiempo la comunidad tuvo que frenar un intento de excluirlos de una decisión en que el magnate adquiriría un gran territorio, lo que afectaba directamente la vida de las personas de la zona.

Hans Silva era presidente de la Cámara de Turismo de Villa O’Higgins en 2012, cuando en el mes de febrero manifestantes se tomaron el aeródromo de la comuna para impedir que el avión de Luksic despegara rumbo a Santiago.

La razón: Una solicitud de Margaritas S.A, empresa de Andrónico Luksic, para una concesión onerosa de un bien nacional protegido, un terreno fiscal de BB.NN. de aproximadamente 10 mil hectáreas, vecino a sus propiedades al norte de Villa O’Higgins.

“No había sido conversado con la comunidad, porque existió un problema de usos del suelo que estaban en conflicto. Había zonas de veranada de pobladores, espacios que se usan por temporada en la ganadería, que estaban en el área de conservación que se pretendía en el proyecto”, explica quien ahora es candidato a la alcaldía de la comuna.

“También hay un tema con la política de BB.NN., porque no aplican un componente de participación en estos procesos de entrega de tierras. Depende de la persona que hace el proyecto si hace participar a la comunidad o no, y ni siquiera es vinculante”, señala Silva.

Pese a que después de la situación del aeródromo Andrónico Luksic se reunió con la comunidad, y se trató de lograr un acuerdo, la concesión finalmente no se otorgó, luego de que el empresario renunciara a su solicitud en Bienes Nacionales. “Igual estaba justo el tema de Caval, entonces él desistió”, acota el ex presidente de la Cámara de Turismo local.

No obstante, lo más preocupante para Silva no es la fallida solicitud de concesión de Andrónico Luksic, sino la compras que ha realizado con éxito de terrenos particulares en Villa O’Higgins. “Él es dueño del 38% de las tierras privadas de la comuna”, asegura el candidato a alcalde, agregando que llegó a este cálculo con información obtenida en el Conservador de Bienes Raíces.

“La presencia de Luksic genera externalidades negativas y positivas para la comunidad, porque Margaritas S.A. genera empleo, pero eso también afecta a la comunidad, porque se ha hecho de muchas propiedades, y el tema de la leña será un problema a mediano y largo plazo, por ejemplo”, recalca Silva.

La relación con el caso de isla Traiguén

A la consejera regional Marcia Nahuelquín, lo que ocurrió con la solicitud de Fundación Parque La Tapera la tocó fuertemente, pues ella mejor que nadie sabe cómo actúa Bienes Nacionales en favor de estos grandes grupos económicos.

La isla Traiguén, donde la familia de Nahuelquín ha habitado por más de ocho décadas, es una de las islas más grandes de la Región de Aysén, queda ubicada en la comuna y provincia del mismo nombre, alejada cinco horas de Puerto Aysén y dos horas y media de Puerto Aguirre

Mide 44.600 hectáreas y tiene una riqueza importante en agua dulce, pues existen tres lagunas naturales que proveen de este vital elemento a quienes viven en el lugar.

“Mi papá llegó a los 8 años a vivir ahí. Mi familia desarrolló toda su vida en ese territorio, y el 2003 nosotros nos constituimos como sociedad indígena, con la isla Traiguén como domicilio. El año 2006 empezamos a postular a proyectos, y postulamos con uno medioambiental para generar energía hídrica. Salimos aprobados con ese proyecto y ahí es cuando empieza todo”, cuenta autoridad regional.

“Nos llegó una notificación comunicando la expropiación a la comunidad de la isla, y ahí nosotros nos enteramos que el Ejército de Chile había vendido la isla a Inversiones Cifco S.A”.

Luego, y con el correr de la apelación por parte de Nahuelquín y su familia a esta usurpación, el nombre de la empresa que había comprado fue cambiando, primero a Inversiones Traiguén S.A., luego con el nombre de su propietario, Eduardo Ergas (dueño de Sociedad Inmobiliaria Valle Nevado S.A., entre otras), y finalmente con la etiqueta de Fundación Ecoscience Chile.

Si la familia de la consejera ha logrado mantenerse en el lugar hasta el día de hoy, es porque no se han quedado de brazos cruzados. “Hicimos la primera solicitud de Espacio Marítimo Costero para Pueblos Originarios (EMCPO) que data del 2008, solicitamos la totalidad del borde costero, también los derechos de agua de los ríos, y con eso de alguna manera bloqueamos el ingreso de estos ‘dueños nuevos’ por vía marítima”, explica la afectada.

Sin embargo, y tras más de doce años de tramitación, aún no obtienen respuesta a estos requerimientos, ni del Ministerio de Desarrollo Social ni del de Bienes Nacionales.

Cabe consignar que, de acuerdo a información de la Seremi de BB.NN. en Aysén, tanto Inversiones Cifco S.A., como Eduardo Ergas y Fundación Ecoscience Chile, actual dueño de isla Traiguén, hicieron entre los años 2004 y 2005 solicitudes al Ministerio de Bienes Nacionales para obtener concesión de los mismos espacios solicitados este año por Paola Luksic y Fundación Parque La Tapera, aledaños al sector de Ventisquero Montt. Un lugar que, por su ubicación estratégica, aparentemente, ha sido pretendido hace años por estos grupos de poder.

Por último, cabe mencionar que, según información del Diario Oficial que pudo recabar este medio, Fundación Ecoscience Chile recibió en 2006 una concesión gratuita de inmueble fiscal, por parte de BB.NN., por más de 14.850 hectáreas en la comuna de Cabo de Hornos, provincia Antártica Chilena, en la Región de Magallanes.

Esta concesión abarca los sectores de Caleta Olla, Canal Murray, Canal Beagle, isla Navarino, isla Button e isla Strate, y se lee expresamente en la publicación del Diario Oficial que se otorgó para “desarrollar un proyecto de turismo, ciencia y conservación denominado ‘Yahashaga, Eco-Science, Lodge & Adventure’, en el que también participa la sociedad Inversiones Cifco S.A.”.

Situación vergonzosa

El Desconcierto también se comunicó con el Comité de Tierras de Tortel, desde donde confirman la ineficiencia del Ministerio de Bienes Nacionales para con las solicitudes de las y los lugareños. “Lamentablemente los trámites que hace BB.NN. son tan lentos, y nunca sabes si van a ser efectivos, entonces la gente se cansa y empieza a hacer tomas”, expresan.

“Hace dos años el seremi de la época llamó a algunos pobladores a las oficinas de Coyhaique con urgencia, donde se les informó que tenían que salir de los terrenos que estaban ocupando, y en base a eso nos unimos”, relatan desde la organización.

Además, aseguran que con la situación de La Tapera, el descontento fue generalizado en la comuna, no contra Paola Luksic solamente, sino contra el sistema.

“Aquí hay casos de que no se le ha entregado títulos a gente que ha vivido más de 40 años en el lugar. Hay una incertidumbre y una falta de respeto tremenda”, comentan.

Como se ha podido evidenciar, y como constata la misma gente de Aysén, esta situación de desigualdad frente a la institucionalidad, y la constante depredación de tierras por parte de grupos económicos, no solo afecta a la gente de Tortel, sino a toda la región.

“Es tan fuerte el poder económico y los abusos que ocurren hacia las comunidades, que te van quitando de a poco la vida”, afirma la core Nahuelquín. “Porque la gente efectivamente termina vendiendo sus terrenos, pero, ¿por qué? Porque estos tipos se hicieron ya dueños de todos los derechos de agua, del bosque nativo, y de a poco le van quitando recursos a la gente y no tienen cómo producir, cómo desarrollarse en las localidades”.

“A mí, lo que me da miedo, es que esta reserva de vida, esta Región de Aysén que tiene tanto recurso natural, el día de mañana sea parcela de dos o tres personas, y que las comunidades que hemos vivido todas nuestras vidas acá, pasemos a ser esclavos de estas personas, porque para allá va”, se lamenta la dirigenta.

“Y también está lo que ocurre en las islas, es vergonzoso. Cerca de isla Traiguén tu encuentras islas con nombres de senadores o ex ministros que las han comprado, y que ya no tienen sus nombres originarios, sino el nombre del propietario: Chadwick, Longueira, incluso Don Francisco. Ha sido vergonzoso cómo el poder económico, la maquinaria política se ha apropiado de nuestro país”, concluye Nahuelquín.