En un nuevo conflicto está involucrado el Minsal, toda vez que la Contraloría detectara una serie de irregularidades en el arriendo del Hotel Radisson de parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) para habilitarlo como residencia sanitaria.

De acuerdo a la información que recoge un reportaje de Biobío, estas se remontan a junio del año en curso, cuando en medio de los momentos más álgidos de la primera ola del COVID-19 en nuestro país, el organismo público no respaldó “con documentación íntegra y exacta” los sobre de$134 millones que giró en favor de Gestora Hotelera SpA, firma controladora del inmueble.

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El monto se calculó en base a la cancelación diaria por cada uno de los 2.453 usuarios por los que cobró el hotel, quienes estaban divididos en 2.206 residentes principales y 247 residentes adicionales, esto es acompañantes que compartían habitación con uno principal. Por los primeros se estableció una tarifa de $50 mil y $12 mil para los segundos, más IVA.

Lamentablemente, de acuerdo a lo establecido por Contraloría, los números no calzan. Del análisis de los antecedentes proporcionados por el servicio, consistente en la planilla de pacientes de ese mes y fichas clínicas respectivas, “se detectaron situaciones que impiden trazar y reconstruir la información”, además de “verificar el cumplimiento de las exigencias para los pacientes que hicieron ingreso a la residencia sanitaria”.

El registro certifica que al hotel llegaron 1.994 pacientes, pero se pagó por 2.453

En consecuencia, la planilla entregada desde el SSMN, detalla que la cantidad de pacientes registrados diariamente durante junio último asciende sólo a 1.994 usuarios y no a los 2.453, total cancelado por el servicio.

“En dicha planilla no se define el monto pagado diariamente por paciente, así como tampoco la calidad de residente principal o adicional, dato que tampoco se informa en las fichas clínicas, lo que impidió corroborar la exactitud del monto sancionado por el referido acto administrativo”, ilustra el informe de Contraloría.

Adicionalmente, el documento detalla que en la planilla de respaldo de pago aparecen registrados pacientes con datos que no son asimilables a un número de identificación (RUN, numero de pasaporte, etc.) y, en consecuencia, no vinculables a una ficha clínica específica.

Entre las irregularidades, también se detectaron números de cédulas de identidad mal anotados y pacientes repetidos. En función de todos estos antecedentes, Contraloría estableció un plazo de 60 días hábiles al Servicio de Salud para “acreditar, con la respectiva documentación de respaldo, la información íntegra y exacta asociada a las habitaciones utilizadas en el Hotel Radisson durante el mes de junio de 2020, servicios ya pagados a Gestora Hotelera SpA, con el fin de esclarecer los hechos”.

Problemas en los contratos y selección del personal de Radisson

Los cuestionamientos se acumulan. De hecho, Contraloría objetó que “no consta que el Servicio de Salud Metropolitano Norte haya analizado y evaluado, sobre la base de criterios técnicos, la selección y contratación del Radisson para el funcionamiento como residencia sanitaria, para la definición de las condiciones pactadas y el resguardo del patrimonio público”.

Incluso, se acreditó que el SSMN no suscribió un contrato con la empresa por los servicios que prestó el hotel mientras operaba como residencia sanitaria, para el período 4-30 de junio del año en curso.

En definitiva, aceptaron durante casi un mes las prestaciones sin mediar la firma de un documento y sin haber regulado anticipadamente y como corresponde, las condiciones del convenio.

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Para el ente fiscalizador, la situación “expuso a la administración a riesgos por eventuales vicios en las contrataciones”, lo que además se traduce en una carencia de cláusulas que estipulen eventuales sanciones o exigencias de garantías por incumplimientos por parte del proveedor.

Consultados al respecto, desde el Servicio de Salud Metropolitano Norte confirmaron al medio citado la apertura de un sumario para determinar las responsabilidades por las irregularidades evidenciadas en la contratación de este servicio.

De acuerdo a su testimonio, la investigación interna se inició en agosto último por motu propio y debería finalizar previo al 31 de diciembre, motivo por el que desestimaron referirse al caso.