Este jueves 13 de agosto la Cámara de Senadores del país trasandino aprobó por unanimidad, un proyecto para la ratificación del Acuerdo de Escazú para el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Con esto, el proyecto debe ser votado por la Cámara de Diputadas y Diputados, tras lo cual se espera que Argentina se convierta en el décimo país en ratificar el Acuerdo. Ello implicaría solo la necesidad de una ratificación más para que este pueda entrar en vigor, debido a que es necesario que 11 de los 33 países de América Latina y el Caribe ratifiquen el Acuerdo.

A la fecha, 9 países ya ratificaron el Acuerdo: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.

Por su parte Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haiti, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía son los 13 países que ya firmaron, pero tienen pendiente su ratificación.

Mientras que Chile, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Honduras, Suriname, Trinidad y Tobago, y Venezuela son los 11 países que aún no firman el Acuerdo. Siendo Chile el único país de la región que anunció públicamente que no firmará.

De acuerdo a lo señalado por el Gobierno de Chile en reiteradas ocasiones, los motivos para no firmar el Acuerdo radican en que la legislación ambiental chilena ya tendría incorporada las medidas del Acuerdo de Escazú y que una eventual ratificación de este supondría una amenaza a la soberanía nacional.

Sin embargo, distintos especialistas en la materia han cuestionado los argumentos del Gobierno. Una de ellas es la Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, quien, en conversación con El Desconcierto, señaló que la no ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Gobierno responde más bien una visión anacrónica donde la protección del medio ambiente y la participación ciudadana son, aún, concebidos como obstáculos para el desarrollo y no como una condición para este.

Cabe recordar que el plazo para firmar el acuerdo caduca el próximo 26 de septiembre. Ante esta situación, diversas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos han manifestado la necesidad de que el país firme y ratifique el Acuerdo que reconoce y garantiza la protección de los defensores del medio ambiente. Esto es de especial relevancia en una región donde los defensores del medio ambiente sufren constantes acosos, violencia e incluso son víctimas de asesinato.

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