"Por una solución política y no militarizada en La Araucanía", se titula la última declaración pública del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), en la que la organización se pronuncia sobre los hechos acontecidos durante el fin de semana en varias localidades del sur del país, y que comenzaron con la polémica visita del recién asumido ministro en la cartera del Interior, quien ha sido responsabilizado por varios sectores por los actos de violencia racial que se vivieron.

"Vemos con preocupación las afirmaciones del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien en su primera visita a La Araucanía y ante las protestas de comuneros mapuche, sin proporcionar evidencias, afirmara: 'estamos aquí frente a grupos con capacidad militar, con financiamiento, capacidad operativa y logística, que están decididos a que no exista paz y tranquilidad; y eso es lo que tenemos que combatir, y lo vamos a combatir'. Sus palabras impulsaron a grupos de civiles a violentas agresiones, de corte racista, contra estos manifestantes", establecen.

"Este enfoque refuerza una gestión de gobierno caracterizada por entrenar militarmente a Carabineros e involucrar a los militares en esta conflictiva zona. Esta militarización agrava una situación cuya solución  es necesariamente  política y que no puede radicar en la  imposición de la fuerza", destacan, agregando que esto solo lleva a profundizar la violencia en un conflicto que se ha mantenido por siglos entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, y que hoy vive otro de sus crudos episodios bajo la pandemia.

Así también, se refieren a los proyectos que avalan la intervención de instituciones castrenses en democracia, y que han sido propuestos - y promulgados algunos - durante el Estado de Excepción por el gobierno de Sebastián Piñera, como la denominada Ley de Inteligencia, por ejemplo. "Estas propuestas abren la ventana a una suerte estado de excepción constitucional permanente, con amplias facultades de acción interna para las FFAA, sin control del Congreso, avalando el incremento de la autonomía y poder de los cuerpos armados. Tal política es un ataque al corazón de nuestro régimen democrático al reinstalar la lógica del 'enemigo interno' que tanto daño causó hasta hace no muchas décadas. Nunca más se debe confundir orden público con guerra. En un estado de derecho, el orden público debe priorizar la defensa de los derechos de la ciudadanía, muy distinto al combate militar", señalan desde GADFA, agregando que el incorporar el orden público como una función militar permanente, "expone a las instituciones armadas al peligro de una corrupción operativa, en que la presión por obtener resultados a corto plazo relativiza la centralidad de los Derechos Humanos en su accionar, tal como ocurrió con Carabineros de Chile en la misma región".

"Instrumentalizar a las instituciones armadas para responder a las exigencias de ciertos sectores de la derecha y del empresariado local, quienes plantean que para hacer frente a la crisis que se vive en La Araucanía se necesita más autoridad y menos diálogo y democracia, es continuar erosionando la profesión castrense", concluyen.

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