El estallido social del 18 de octubre tuvo su cara más dramática tras las cientos de personas mutiladas y heridas por Carabineros en medio de las protestas. El uso desproporcionado de la fuerza y el incumplimiento de los protocolos dejó a cientos de personas con pérdida total o parcial de su visión, casos que dieron la vuelta al mundo por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron. De ellos, Fabiola Campillai y Gustavo Gatica fueron completamente cegados por el impacto de los perdigones disparados por las fuerzas policiales.

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Precisamente este viernes, a nueve meses del estallido, la institución encabezada por el general director Mario Rozas incorporó un cambio en la normativa que regula el uso de las escopetas antidisturbios, con la aprobación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública [Revisar aquí].

Una modificación que se publicó en el diario oficial el mismo día en que la Corte de Apelaciones de Santiago revisaría 14 recursos de protección acumulados por el uso indiscriminado de este tipo de armas en los meses anteriores. Algunos de ellos se presentaron a favor de personas directamente dañadas por perdigones, por ejemplo, casos de vecinos de Lo Hermida, otros por niños que sufrieron agresiones y otros con un objetivo preventivo.

Los principales cambios que incorpora este protocolo y los alcances que tendría lo analizan a continuación expertos en seguridad y abogados de derechos humanos.

“Menos letalidad”

Lo primero que aborda este protocolo es una nueva categorización de “uso de armas nivel 1: dispositivos, armas y/o municiones menos letales”. Si bien las escopetas utilizadas por Carabineros son básicamente las escopetas normales, estas utilizan distinta munición: un cartucho calibre 12 mm con 12 postas de goma endurecida, los llamados perdigones de goma, y también los cartuchos de 12 mm “super-sock” que corresponde a un saco que contiene perdigones de plomo envueltos en una malla de kevlar.

Hablar de “menos letalidad” sería relativizar el peligro de estas armas, advierte el abogado Javier Velázquez, experto en criminología y quien también detalló el tema a través de un hilo de Twitter. De hecho, esto podría acentuar el riesgo de graves violaciones de derechos humanos.

A fines de mayo, Velásquez planteó en una columna publicada en Ciper, junto a Catalina Fernández, que este tipo de armas incluso siendo disparadas de manera adecuada, pueden ser mortales provocando traumatismos graves con fractura de huesos, daño a órganos internos o lesiones oculares como las que ya se registraron durante los meses anteriores.

El problema de esto, según plantea citando a un experto internacional, es que al no considerar la verdadera letalidad que tienen, los funcionarios no miden el nivel de fuerza que aplican y, generalmente, se puede observar que es superior al necesario.

Para Eduardo Vergara, ex jefe de Seguridad Pública de Michelle Bachelet, utilizar este concepto es derechamente un eufemismo. “Es no querer reconocer públicamente que esta escopeta puede causar la muerte”, asegura, y agrega que actualmente se encuentran en curso cerca de 15 investigaciones por abuso policial específicamente por el uso de un arma que hasta hace poco Carabineros definía como no letal. En su opinión, debería quedar claro que las armas letales no pueden ser utilizadas para el control público, ni tampoco disparadas contra grupos de personas, algo que tampoco es abordado en el protocolo.

En tanto, para Gloria Elgueta, directora de Londres 38, hablar de "menos letales" es solo un reconocimiento de que lo siguen siendo. Desde ahí plantea algunas dudas: ¿qué tan "menos letales" son?, ¿en qué consiste ese grado de letalidad? ¿bajo qué condiciones? El mayor problema, asegura, es que las recomendaciones aparecen relativizadas en el protocolo, es decir, que se aplicarán ‘en la medida de lo posible’. Por otro lado, están completamente ausentes mecanismos rutinarios de control del uso de la fuerza. “Son los únicos que, tal vez, podrían contribuir a reducir las vulneraciones sistemáticas a las personas”, advierte.

Nuevos químicos: ¿Incluye armas sonoras?

Otro punto llamativo es que el protocolo aprueba el uso de los siguientes productos y sustancias químicas: OC líquido para vehículo lanza agua (oleoresin cápsicum), OC polvo para vehículo lanza gases (oleoresin cápsicum), OC líquido en formato de aerosol (dispositivos MK 9 y MK 46), Marcadores a base de aire comprimido o CO2 (para lanzamiento munición OC), Munición calibre 0.68 de polvo OC (oleoresin cápsicum) y altavoz de alerta de alta frecuencia. Sobre la regulación de su uso no hay ningún tipo de información.

Para Velásquez el problema es que se introduce algo sin saber realmente cuáles son sus riesgos. “Más allá de la introducción de nuevos químicos, que no solamente son gases, sino que adicionalmente se incluye una munición que al impactar en el blanco libera oleoresin capsicum, gas pimienta, lo que ocurre es que no se regula estos nuevos gases o bien regula formalmente el uso, pero no operativamente. Cuando hablamos de esto es que cada munición y arma tiene un comportamiento específico”, explica a El Desconcierto.

Agrega que cuando la policía escoge cierta munición o químicos debe realizar un análisis para verificar el riesgo. En Chile, si es que se han hecho, estos peritajes no son públicos. El único que se conoce es de 2012, publicado por Ciper el año pasado, en el cual Carabineros probó cuáles podían ser las potenciales lesiones que podían provocar las municiones de goma. “No tenemos un informe equivalente sobre las consecuencias del CS ni de los nuevos químicos introducidos. Dependemos de la evidencia comparada, de hecho, de lo ocurrido recientemente en Estados Unidos y también en Europa, hay estudios que indican que los gases lacrimógenos son sumamente peligrosos no solamente para las personas que se ven expuestas en ese momento, sino que también para quienes lo respiran el día después porque queda en el aire y en el suelo”, explica.

Al igual que Velásquez, Pietro Sferrazza, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Valparaíso, advierte sobre la mención de una nueva munición, que aún debe certificarse, que se trataría de un balín que al impactar contra la persona explotaría y emitiría un tipo de gas pimienta. “Sería una combinación de un proyectil de impacto cinético con un arma menos letal de carácter químico. Estuve investigando muy brevemente y habría que ver si se trata de este tipo de munición, pero en cualquier caso cualquier arma debe ser objeto de testeo, con protocolo de uso, debe haber capacitación y conocerse las consecuencias negativas sobre las personas”, dice.

Por otro lado, los altavoces incorporados son un elemento bastante confuso. El año pasado se habló de la adquisición de este tipo de armamentos, la primera alerta sobre este tipo de armas. “La única evidencia médica que sabemos es de las que se han utilizado en Estados Unidos y que puede generar lesiones auditivas graves. La reacción allá es que los manifestantes se ponen unas orejeras industriales para proteger los oídos, pero esto también ha generado lesiones no solamente en personas que están ahí, sino que en animales”, advierte Velásquez.

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Eduardo Vergara, por su parte, plantea que de no estar detallada su regulación en el protocolo se esperaría conocer luego un reglamento que necesariamente lo acompañe. El problema, aclara, es que esto no aporta en generar condiciones para desescalar conflictos. “Si el gobierno piensa que va a seguir adornando la labor policial con carros lanzaguas, con nueva inversión para represión y control y si además van anunciar el uso de armas de ruido, lo está haciendo para que veamos más violencia y no para desescalar los conflictos. Está armando a los policías de nuevas armas”, opina.

Defensa a los cuarteles

El protocolo especifica que el empleo de la escopeta antidisturbios será “preferentemente defensivo sobre todo en aquellos casos que se persiga evitar o repeler agresiones contra la integridad física de manifestantes, otras personas o Carabineros o sus cuarteles especialmente si estas se efectúan como armas de fuego y deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios cuando el efecto de otros elementos menos lesivos, tales como el agua, gases y otros puedan resultar insuficientes para los fines previamente señalados o la aplicación de estos no fuere posible para el caso específico”.

La defensa a los cuarteles de policías anteriormente no estaba incorporado. Un aspecto preocupante, según plantea Sferrazza: “Se incluye la posibilidad de que las policías puedan ocupar las escopetas para la defensa de los cuarteles, lo que a mí me parece que no soporta ningún tipo de test de proporcionalidad”.

Por otro lado, la modificación del protocolo no menciona la prohibición de disparar contra grupos de personas. Velásquez indica que es relevante que esto se encuentre regulado, dado que este tipo de municiones es menos preciso que las municiones de fuego. Especialmente considerando que a toda distancia tienen potencial de mutilar, lo que ocurrió de manera masiva durante los meses de manifestaciones sociales. 

"Inexistente reforma a Carabineros"

Al abordar el tema, los expertos ponen sobre la mesa la falta de cumplimiento de la reforma a Carabineros anunciada durante el verano por el Ministerio del Interior. Esto, sin embargo, da cuenta de modificaciones ‘a goteos’ que no tienen relación con esa reforma estructural comprometida.

La directora de Londres 38 asegura que, en este escenario, esta reforma es inexistente a diferencia de la estrategia de fortalecimiento de las fuerzas policiales a través de su apertrechamiento y renovación de equipos y armas. “Esto para profundizar una represión, de carácter masiva y sistemática, dirigida a criminalizar toda forma de protesta, e incluso, la pobreza, pues en contexto de pandemia se reprime a quienes no pueden observar una cuarentena por carecer de ingresos o condiciones materiales que lo permitan”, manifiesta.

Lo mismo plantea Eduardo Vergara, ex jefe de Seguridad Pública: “Vemos que desde el estallido social a la fecha Carabineros no ha cambiado nada, ni el gobierno, ni en particular el Ministerio del Interior han hecho esfuerzos para que tengan la capacidad para desescalar los conflictos. Tenemos todo lo contrario. Entonces, podríamos esperar que su conducta no varía en nada de lo que ya vimos, con graves y profundas brutalidades policiales”, concluye la ex autoridad.