El pasado 23 de enero de 2020, el gobierno del presidente Piñera ingresó a tramitación el proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, que se encuentra con suma urgencia desde el 28 de abril. Tal como indicó el mandatario al momento de su ingreso, el proyecto tiene por objeto incrementar el potencial agroalimentario del país, a través del otorgamiento de mayores competencias a la institucionalidad que regula el sector agrícola. Adicionalmente, la creación de esta nueva cartera también incorpora cambios sustantivos en lo que a pesca y acuicultura respecta, pues contempla el traslado de todo lo relativo a esta materia, incluida la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo al nuevo ministerio.

Dentro del proceso de tramitación del proyecto, que actualmente es revisado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, no se ha establecido un plazo para recibir opiniones, aportes e inquietudes de los diversos actores afectados e involucrados. Por ejemplo, no está previsto su análisis por parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, tampoco se ha contemplado un proceso de Consulta Indígena que exige el Convenio 169 de la OIT, ni ha procurado recoger observaciones de otros actores claves como los pescadores artesanales, pescadores industriales, acuicultura y organizaciones de la sociedad civil.

"Consideramos que un proyecto de esta envergadura, cuya importancia trasciende diferentes sectores, debe ser revisado en profundidad, y la actual situación sanitaria del país dificulta enormemente la posibilidad de realizar este análisis incorporando a todos los actores involucrados. Por otra parte, si a esto se agrega la suma urgencia que recae actualmente en su tramitación, una revisión adecuada parece muy lejana", asegura Elizabeth Soto, bióloga marina de Fundación Terram, organización que forma parte de un grupo de trabajo de distintas ONG cuyo fin es contribuir en mejorar la política pública del sector para recuperar las pesquerías, mejorar la salud del océano y la calidad de vida de las personas que viven directa e indirectamente del mar.

“Estamos atentos a las modificaciones legales y actos administrativos que se puedan dar en este escenario de emergencia sanitaria. Entendemos que la necesidad urgente hoy es ir en ayuda de los pescadores artesanales y del sector pesquero, con un desafío de aumentar la demanda para que los pescadores puedan seguir trabajando, procurando la conservación de los ecosistemas marinos y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos. Me sorprende la suma urgencia que pone el gobierno en este proyecto de Ley, sin considerar las opiniones de rechazo de los distintos sectores y de las consecuencias que un eventual traslado de la institucionalidad pesquera pueda tener en la recuperación del sector pesquero en un escenario post pandemia”, advierte Javier Trivelli, Director Ejecutivo de Fundación Geute Conservación Sur, otra de las ONG que participa de este grupo de trabajo.

Cabe destacar, que el avance de este proyecto de ley y, en especial, la urgencia puesta por el gobierno para su tramitación, ha recibido un rechazo transversal por parte de organizaciones como Fundación Terram, Costa Humboldt, Pesca Sustentable, Geute Conservación Sur, WWF, Fundación Punta de Lobos y Future of Fish.