Werken

Werken es una palabra de origen mapuche, cuya definición más parecida a lo que podemos encontrar en el español es "vocero" o "mensajero". Puede ser de un mapu lof - comunidad - o de un grupo específico, como es el caso de Rodrigo Kuripan.

Rodrigo representa desde hace 40 días a los "prisioneros políticos mapuche" de la Cárcel de Angol. Sabe claramente que este es el tiempo que lleva ejerciendo dicha autoridad, porque comenzó a ser portavoz luego de que, el pasado 4 de mayo, los comuneros privados de libertad en el recinto decidieran iniciar su huelga de hambre.

Desde ese día, uno de los nueve mapuche que adoptaron la drástica medida tuvo que ser trasladado de urgencia a un recinto asistencial, debido a que, aún cuando las comunidades le pidieron que cesara su huelga por condiciones de salud previas que mantenía, de igual manera alcanzó a estar más de 25 días sin comer, lo que lo dejó en un estado muy complicado.

Hoy, Kuripan asegura que la situación es crítica, y que los ocho prisioneros que aún se encuentran resistiendo comenzaron a presentar los mismos síntomas que su compañero hace unos días. Pero lo peor, para el vocero, es que desde el 29 de mayo Gendarmería no los ha dejado ingresar a ningún médico de su confianza, ni una machi, para poder brindarle cuidados a los comuneros y saber con certeza su estado de salud.

"Esta no es la primera huelga de hambre que afrontamos. Incluso, en 2010, uno de mis hermanos se fue a huelga. Claro, el escenario es distinto porque en esta ocasión está la pandemia, y las posibilidades reales de que un mapuche termine muerto, a raíz del contagio de esta enfermedad, son altas", señala el werken a El Desconcierto.

Además, precisa que la adopción de esta forma de protesta se debe a que "estos prisioneros no tuvieron garantías procesales, no tuvieron garantías en un juicio para poder presentar sus pruebas, y que estas fueran valoradas como corresponde, desde el punto de vista judicial o penal".

"Entonces, como hay toda una articulación política para llegar finalmente a una condena, independiente de si estas personas tuvieron o no participación en los hechos que se les acusan, entonces claro, el último recurso que les queda a los prisioneros políticos es exponer su propia condición física y su vida, para conseguir un grado de justicia. Pero no solo para ellos", recalca Kuripan.

-Lo último que se supo de los prisioneros políticos es que Sinecio Huenchullán tuvo que ser trasladado de urgencia el día sábado 6 de junio al hospital. ¿Cómo se encuentra y cuál es el estado de salud de los demás mapuche que continúan la huelga?

-La situación de Sinecio fue tan grave, que en un minuto hubo que tomar una decisión. Ya arrastraba problemas de salud desde antes de que partiera la huelga. Por lo tanto, se preveía que no iba a aguantar todo el tramo de la protesta, que iba a durar 40-50 días promedio, que es lo que dura una huelga de hambre que se lleva en serio, en la que no hay intervención más que el consumo de líquidos.

Sinecio partió a los 15-20 días con problemas muy graves, situación que luego se hizo insostenible. Ante eso, las comunidades tomaron la decisión de pedirle que diera un paso al costado, porque tampoco buscamos que se termine muriendo en una huelga. Sin embargo, hace dos días los ocho presos políticos que quedan comenzaron a presentar los mismos síntomas que tenía Sinecio.

Hoy la situación es crítica. Están presentando vómito con sangre, dolores musculares, porque ya el cuerpo comenzó a consumir la masa muscular. Además, los dolores de huesos, que son insoportables, porque también se empieza a consumir la estructura ósea del cuerpo.

Vemos que Gendarmería ha utilizado esto para ejercer una tortura sobre los mapuche que están en huelga. Primero, porque se les ha negado de manera sistemática, y sin razón alguna, el acceso a un médico de confianza, que es lo que deja a los familiares tranquilos. Y esto no solo con el médico occidental, sino que tampoco nos permiten ingresar una machi para contrarrestar algunas situaciones que se han presentado en estos 40 días.

-Entonces, ¿fueron los médicos de Gendarmería los que determinaron el traslado de Sinecio a un hospital?

-Yo creo que se vieron obligados a trasladarlo por la situación de salud en la que se encontraba, que seguramente también va a suceder con otros prisioneros que están en la misma condición hoy día. Gendarmería tiene un paramédico, no un médico. Hay que entender que en la institución hay un solo médico que tiene que atender a todas las cárceles de la región.

Aún así, este médico no es de confianza de los prisioneros políticos, porque los informes que hace siempre son favorables a Gendarmería. Nosotros no hemos tenido acceso a un informe propio, y el traslado al hospital fue comunicado a la abogada de confianza, pero lo supimos solo porque estábamos pendientes. De no ser así, no nos habríamos enterado que lo habían llevado a un hospital de manera forzada por su condición de salud.

[caption id="attachment_376402" align="alignnone" width="820"] Fotografía obtenida de Bío Bío Chile.[/caption]

-Me decías que hay tres razones fundamentales por las que se lleva a cabo esta huelga...

-Sí. La primera tiene que ver con que, en Chile, no se ha aplicado el Convenio 169 de la OIT como corresponde. Este dicta que el Estado debe tomar medidas distintas en relación a los pueblos indígenas. Y, en este caso en particular, nosotros exigimos que hayan medidas diferentes si van a ser condenados. Aún entendiendo y dejando claro que cada una de las causas por las cuales han sido procesados han sido montajes o, en algunos casos, simplemente porque hay una instrucción directa del gobierno de turno para perseguir a comunidades mapuche determinadas. De ahí sacan detenidos y con ellos le dan condenas a las empresas y terratenientes de la zona, demostrando que sus investigaciones dan resultado.

El segundo argumento, es que el COVID-19, como hemos visto, se puede propagar muy rápido en las cárceles, por lo que debe haber una medida distinta del gobierno que preste particular atención a este problema. Y no lo decimos solamente nosotros, lo ha dicho la CIDH, y la Alta Comisionad para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, quien sugiere derechamente que todas las personas que están privadas de libertad por motivaciones políticas deberían estar excarceladas.

Lo tercero tiene que ver con un asunto de igualdad frente a la ley. Lo que nosotros estamos exigiendo es completamente factible. Sabemos esto cuando vemos que el gobierno, por ejemplo, se empeña por cambiar las medidas cautelares, y abre todas las posibilidades para que el carabinero que asesinó a Camilo Catrillanca, acusado de homicidio, esté hoy en libertad y se le haga un cambio de medida cautelar, utilizando como argumento principal que el policía podía ser contagiado por COVID-19.

Estaba detenido en una comisaría, ni siquiera en una cárcel, como lo están hoy nuestros prisioneros políticos.

-Cuando hablábamos del traslado de Sinecio a un centro asistencial usaste la palabra “forzado”. Esto es porque ustedes también reivindican el derecho a ser tratados con la medicina mapuche. El llevar al comunero al hospital en este caso, ¿también constituye una vulneración de sus derechos?

-Sí, absolutamente. Primero, el que Gendarmería niegue el acceso a la medicina tradicional mapuche va en contra del Convenio 169, que estipula que los mapuche tienen derecho a optar por su medicina antes que la occidental.

El llevar a los prisioneros políticos a un hospital, cuando están en una situación crítica de salud -ya sea por la huelga de hambre o por un eventual contagio de coronavirus - sería prácticamente contra su voluntad.

Las cárceles y hospitales son focos de contagio. Nadie puede decirnos que puede controlar el COVID-19 con los mecanismos de salud occidental. Hay situaciones que han resultado y situaciones que no. Pero a nosotros no nos han dejado aplicar la salud mapuche. Entonces, claro que resulta una vulneración contra el derecho que tenemos de exigir la posibilidad de programar el acceso a una machi, a la medicina tradicional mapuche, en vez de a la occidental.

Peñi

La palabra peñi, si bien se traduce literalmente al español como "hermano", también puede utilizarse en distintos contextos, para referirse a un "amigo" o "camarada", y para confraternizar entre las personas mapuche de género masculino.

Esto era para Rodrigo Kuripan, y para muchas personas de diversas comunidades de la zona, Alejandro Treuquil, quien fue asesinado el día 4 de junio por tres sujetos cuya identidad aún se desconoce, en el contexto en que la autoridad -que también ejercía el rol de werken en su territorio- llevaba tres semanas resistiendo el asedio policial y la persecución del Estado, como denuncia su compañero de lucha.

"A Treuquil se le amenazó públicamente de lo que le iba a suceder. Y claro, terminó asesinado en una noche oscura, en la que su familia termina a la deriva y su comunidad tiene que levantar el proceso político de nuevo", explica, asegurando que Alejandro era un "dirigente honorable" y un hombre comprometido, quien debe ser levantado como un mártir político mapuche.

"El peñi Treuquil lo que hizo fue organizar su comunidad para contrarrestar el avance de la ciudad, para que se les respetaran sus títulos de merced. Y, por otro lado, se instaló en tierras de Frontel (compañía eléctrica de la zona), que ni siquiera les daba uso, lugar que también colindaba con la empresa forestal Mininco. Amenazaba al poder político de la zona y ellos actuaron. Asesinaron a Alejandro por su valentía, y por su condición de mapuche", afirma con seguridad Kuripan.

-¿Eran cercanos?

-Nosotros nos conocíamos en la lucha, desde hace mucho tiempo. Alejandro siempre tuvo participación política en las comunidades en las que estuvo. Hemos trabajado también por los prisioneros políticos, y visitamos además la prisión de Lebu, donde hay 12 prisioneros políticos más.

Quedan recuerdos de su lucha. Nos duele mucho su partida, pero hay que recordar su legado, su voluntad, y la cantidad de tiempo que dedicaba a su gente. Muchos de nosotros vivimos en la pobreza, y si hemos tenido que prepararnos para llegar a ser lo que somos hoy, y exponer la situación mapuche, es porque hay un trabajo político detrás, y Treuquil supo seguir ese camino. Supo aferrarse a la lucha desde que fue weichafe hasta que llegó a ser dirigente político.

-A propósito de la muerte de Alejandro, las personas comenzaron a levantar consignas parecidas al “Black lives matter”, que es la frase simbólica de las protestas de Estados Unidos por el crimen racial contra el ciudadano afroamericano George Floyd. "Las vidas mapuche importan", fue el símil chileno en este caso. ¿Qué opinión te merecen este tipo de consignas, como las que se levantaron también el pasado 18 de octubre? 

-Cuando hoy vemos lo que pasa en Estados Unidos, cuando se protesta por el racismo, la discriminación, por este asesinato con impunidad, uno piensa ‘bueno, en Chile esto sucede hace muchos años’. La misma situación de los afrodescendientes sucede con los mapuche de forma permanente y diaria. El trato que hay desde las instituciones del Estado hacia los mapuche es racista. Es un actuar de menoscabar la condición de mapuche. No hay que olvidar que hoy el Estado ha legislado para combatir este terrorismo imaginario que tiene la clase política respecto de la situación de los mapuche. Hay mucha gente que hoy nos ve como una amenaza y eso es parte de la propaganda comunicacional de la clase política contra los mapuche.

Es legítimo cuando los estadounidenses salen a la calle a pesar de toda la pandemia, porque es algo que no se puede tolerar. Entonces, uno piensa en que hay una huelga de hambre, está el asesinato muy oscuro y políticamente conectado al gobierno de Alejandro Treuquil, y vemos que esta situación debió haber estallado también. Pero hoy nos metieron tanto miedo por contagiarse, que los Derechos Humanos de las personas parecen ser menos importantes que el día 18 de octubre, cuando el pueblo chileno salió a buscar dignidad, a reclamar igualdad de condiciones, de justicia y derechos sociales que debieron haber estado garantizados y no lo estaban. Ni lo están aún.

Hoy vemos una pandemia donde todo es negocio. Entregar una caja de mercadería para el gobierno es hacerle el negocio a sus parientes. Entonces, la situación de protesta debería ser igual cuando suceden estas cosas, tanto en Chile como cuando suceden afuera. Debemos ser más consecuentes, pues se puede ver un poco de hipocresía en ese sentido.

-Como pudimos corroborar con la Operación Huracán y el asesinato de Camilo Catrillanca, y con los acontecimientos de los últimos 30 años en realidad, el ser líder o lideresa mapuche en el territorio significa encontrarse en un peligro constante. ¿Cómo es vivir con esta responsabilidad y estas amenazas latentes a tu seguridad?

-Es una situación bien complicada. Uno al exponer la situación de su pueblo, de los Derechos Humanos, de la condición mapuche, arriesga otras cosas. Por ejemplo, yo no puedo acceder a beneficios del Estado. Por un tema de dignidad, pero porque tampoco voy a ser favorecido nunca. Porque las autoridades políticas de la zona saben quiénes somos, saben cómo pensamos, y saben cuál es nuestra posición frente al Estado.

Junto a Alejandro y otros dirigentes de la zona, planteamos políticas más radicales contra el Estado. Nosotros sostenemos que cualquier política que vaya en tendencia a asimilación de nuestra cultura a la institucionalidad chilena es menoscabar nuestra condición de mapuche. Es dejar de lado nuestra libre determinación política. Es dejar de lado nuestra reivindicación territorial y someterla al clientelismo del Estado chileno, a través de la Conadi que reparte la tierra.

Entonces, cuando ya no logran callarnos, utilizan estas artimañas de asesinarnos con terceras personas, lo que es lamentable porque muchas veces se utiliza a gente pobre para estos objetivos. Pero lo que sucedió con Treuquil fue distinto. Lo que hay aquí son agentes del Estado que están involucrados, pero no con uniforme derechamente.

Aunque sí hemos sido víctimas de persecuciones y hostigamiento policial, sin motivo alguno más que ir a pararnos afuera de la cárcel, buscando que los prisioneros políticos puedan tener acceso a un médico. A ellos les gustaría mantener el estatus que tenían hace 25-30 años, que era entrar a las comunidades 10-15 carabineros y si salían con un mapuche muerto, nadie reclamaba nada. Eso cambió diametralmente. Y cuando dicen que hay comunidades peligrosas, a las que no se puede entrar, eso es control político y territorial. Y eso es algo que nosotros hemos asumido y hemos decidido mantener.

[caption id="attachment_376400" align="alignnone" width="640"] Fotografía de Agencia Uno[/caption]