Las declaraciones de la presidenta del TC, María Luisa Brahm, en las que afirmó que la "excesiva demora" en la vista de causas relacionadas a Derechos Humanos "empezó a generar un negocio de búsqueda de tiempo para dilatar juicios", siguen generando repercusiones.
Esto porque a la denuncia que la diputada comunista Carmen Hertz presentó ante el organismo por esta situación, acusando "prevariación" y "cohecho" de parte de los magistrados del tribunal, se sumó ahora una querella presentada por la parlamentaria en la misma línea.
En el documento, se detalla que existiría un negocio entre abogados de condenados por delitos de lesa humanidad, que se refugiarían en el TC para ganar tiempo.
“Los antecedentes que se colocan en conocimiento de vuestro tribunal, permiten concluir inequívocamente que existe una concertación para un retraso malicioso en determinadas causas, en particular, recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en procesos por graves violaciones a los derechos humanos, permitiendo además presumir que hay litigantes que obtuvieron un beneficio económico a partir de la dilación de los procesos por violaciones a los derechos humanos; y que este “negocio de búsqueda de tiempos”, o en otras palabras, de dilación de juicios, existió concierto entre quienes recurrían y los ministros del Tribunal Constitucional de aquella época, toda vez que en esta búsqueda de tiempo, ellos recurrentemente lo encontraban”, sostiene el texto publicado por La Tercera.
En el texto presentado por Hertz, además, se detalla que los delitos que la diputada persigue son cohecho agravado, si es que se llega a identificar que tras la paralización de los procesos hay pagos a ministros de ese organismo, y la prevaricación judicial, en el caso de que se compruebe que los retrasos fueron intencionales.
“El actuar manifestado por parte del Tribunal Constitucional, que desde 2015 a la fecha ha obstruido una gran cantidad de procesos por crímenes de lesa humanidad, contribuyendo a la impunidad, vulnera diversas obligaciones que emanan de esta Convención”, finaliza la querella.
