La Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile emitió un comunicado donde hacen evidente la molestia y preocupación que les deja las medidas que ha adoptado el gobierno de Sebastián Piñera en medio del Estado de Catástrofe por la pandemia del coronavirus.

A través de la vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la casa de estudio, el departamento indicó que “esta crisis ha desnudado las graves carencias de nuestro sistema de salud pública, insuficiente para garantizar de igual manera a todas las personas el derecho a la salud, esto es, acceso a un sistema que cumpla con principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad para toda la población”.

“Es preocupante ver cómo se va instalando en la población la sensación de que las decisiones de las autoridades de Gobierno están motivadas, principalmente, por intereses económicos y la protección de ciertos sectores privilegiados de la sociedad, y no necesariamente por el mayor bienestar de la población”, añadió.

La Cátedra de DD.HH. va más allá en sus críticas e insisten en que “la falta de transparencia en las decisiones, la lentitud de las medidas preventivas, la asimetría socioeconómica y regional de las medidas y la ausencia de liderazgo han hecho que la crisis de salud destaque con mayor visibilidad la crisis de la institucionalidad democrática que venía manifestándose desde antes”.

“Las decisiones de las autoridades del Ministerio del Trabajo han generado una legítima desazón por los derechos laborales de los trabajadores; los intentos de algunos sectores políticos de usar la crisis con fines políticos o de impunidad en materia de derechos humanos o imponer agendas legislativas que criminalizan las movilizaciones ciudadanas no hacen sino socavar la legitimidad de las instituciones políticas. Esto es grave en momentos en que se requieren liderazgos creíbles y un uso muy cuidadoso de las facultades extraordinarias que van aparejadas con un estado de excepción constitucional de catástrofe”, prosiguió la U. de Chile.

Finalmente, el departamento de la casa de estudios exige al gobierno las siguientes medidas:

1. Se priorice la salud y la vida de toda la población por sobre las consideraciones económicas de corto plazo y se garantice que las medidas de salud pública y económicas se tomarán en pos del bien de la población y no para obtener réditos personales o partidarios.
2. Se dé fiel cumplimiento a los compromisos del Estado en materia del derecho a la salud, garantizando el acceso a condiciones adecuadas y sin discriminación a las personas afectadas por el COVID-19.
3. Se garantice que se tomarán medidas eficaces de prevención y de tratamiento en todo el país.
4. Se tomen medidas eficaces para garantizar el derecho a la educación que sean compatibles con el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Es interesante la propuesta del Colegio de Profesores en este tema, que ha planteado el uso del recurso público y masivo que es la televisión.
5. Se entregue apoyo, protección y recursos adecuados a todos los equipos del área de la salud y trabajo social que hoy desarrollan una labor heroica atendiendo a la población que lo requiere, en condiciones de alto riesgo para su propia salud y bienestar físico y psíquico.
6. Se garantice que el uso de los recursos públicos se hará en forma transparente y bajo un estricto apego a la normativa vigente.
7. Se garanticen condiciones de vida dignas a la población; apoyo en materia económica a las personas mientras se mantiene la crisis a fin de que no se vean obligadas a romper las medidas de autocuidado.
8. Se garantice el apoyo psicosocial a las personas y comunidades dadas las consecuencias para la salud mental generadas por la pandemia, las que deben ser diagnosticadas, atendidas y monitoreadas.
9. Se permita a los órganos de control realizar sus labores de supervisión de las decisiones y el gasto público.
10. Se abran canales de participación de organismos técnicos en la toma de decisiones de prevención y combate de la pandemia.
11. Se abran canales de participación a las organizaciones ciudadanas para proponer medidas orientadas a combatir la crisis económica asociada a esta pandemia.
12. Se evite adoptar medidas destinadas a generar situaciones de impunidad respecto de graves violaciones de derechos humanos.
13. Se adopten todas las medidas necesarias para que las facultades extraordinarias del estado de excepción constitucional de catástrofe no sean usadas como forma de represión a la ciudadanía.