La Organización de Familiares y Amigos de Presxs Políticxs de la Revuelta Social (OFAPP) se refirió, a través de una carta, a la situación de quienes han sido privados de libertad por manifestarse durante la revuelta popular.

A través de su carta, se pronunciaron por la medida de prisión preventiva como castigo a quienes han participado de las protestas que se han generado a partir del 18 de octubre. Al respecto, argumentan que este tipo de medidas son parte de un juicio político por sobre lo que establece el ordenamiento jurídico. "Ejemplo de ello, es el caso de los compañeros de la primera línea que actualmente se encuentran privados de libertad por delitos que jamás justificarían este tipo de medida cautelar, lo que evidencia el carácter político del encarcelamiento de todos los presos por la revuelta", agregan.

Junto con esto, se refirieron a la preocupante propagación del COVID-19. "El comportamiento expansivo del coronavirus hace inminente el contagio de la población penal del país, siendo más grave aún considerando las deplorables condiciones de higiene de los recintos penitenciarios y el hacinamiento", sostienen, para dar paso a tres peticiones para el gobierno de Chile.

Primero, desde la OFAPP piden que el Estado de Chile, "colocando por sobre todo el resguardo de la vida humana", cambie de forma inmediata la medida cautelar de Prisión Preventiva por Arresto Domiciliario total para todos los prisioneros políticos de la Revuelta. Esto, considerando que Piñera, ante el estado de emergencia en que entra el país, tiene la facultad de gestionar un proyecto de ley que permita el cambio de medidas cautelares.

Además, exigen a los poderes del Estado (ejecutivo, judicial y legislativo) contribuir "de forma eficaz y oportuna" para que los prisioneros políticos cumplan el periodo de investigación de sus procesos judiciales en sus hogares, lo cual también contribuiría en la disminución de los niveles de hacinamiento de los recintos penitenciarios.

A esto le agregan la exigencia de que organismos e instituciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales se manifiesten y propongan públicamente medidas que resguarden la vida de los prisioneros políticos respecto al contagio inminente con el virus COVID-19.

Así, sostienen que la OFAPP "hace directamente responsable al Estado de Chile por el riesgo de vida inminente al que están expuestos nuestros familiares y amigos. Manifestamos enérgicamente nuestra justa preocupación por la vida de los prisioneros políticos que se encuentran en las cárceles del país".

Finalmente, hacen un llamado al pueblo de Chile y a la comunidad internacional "a seguir luchando por la justa liberación inmediata de los prisioneros políticos en el contexto de la Revuelta".