El representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, envió una carta para exponer su preocupación por la agenda de seguridad del Gobierno, específicamente, en el marco de la votación del proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y que agrava las penas aplicables, conocida como Ley Antibarricadas.

La carta, dada a conocer y leída por el diputado, Hugo Gutiérrez, durante el debate, señala que desde la perspectiva de estándares internacionales, la posibilidad de sancionar penalmente la interrupción de la libre circulación de las personar sin autorización, no hace más que ratificar que el ejercicio del derecho a la reunión pacífica opera bajo una lógica de autorización administrativa. Dicha situación es caracterizada por la relatoría como un “Régimen de autorización de facto”.

Además Jarab señala que la mera obstrucción de circulación de las personas o vehículos no debe de ser motivo para la dispersión de una protesta, ni tampoco para la criminalización de los participantes.

La carta concluye que el derecho a la reunión pacífica no debe estar regulado por un régimen de autorización; la mera perturbación o interrupción temporal de la circulación de vehículos o peatones no equivale a un acto de violencia y que incluso debe tolerarse; la solución del problema de elementos violentos en manifestaciones se debe buscar en la mejora de la capacidad de las policías de identificar y apartar los elementos violentos y no en la criminalización de otras conductas.

El diputado Hugo Gutiérrez hizo un llamado a recoger el llamado del representante del alto comisionado. “Nos insta a que en buena cuenta rechacemos esta legislación, porque es una agenda represiva que no conduce a solucionar los temas que la gente demanda en las calles. Se nos insta hoy a rechazar esta legislación”, dijo el diputado.