El 11º Juzgado de Garantía de Santiago resolvió el jueves 2 de enero sustituir la cautelar de internación provisoria en el Servicio Nacional de Menores (Sename) para dos adolescentes que están acusados por la Ley de Control de Armas (17.798), por el supuesto porte de bombas molotov, en el contexto del estallido social, dejándolos con régimen cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. 

Sin embargo, el Ministerio Público solicitó en el acto la apelación. Así, el día sábado 4 de enero, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la resolución por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Se trata de K. M. U. C. y M. A. S. G., ambos de 16 años, quienes fueron detenidos por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) el día 29 de noviembre en las inmediaciones de la estación Intermodal La Cisterna, justo dos días después de los saqueos e incendio registrados en ese lugar. En esa ocasión los jueces dictaron 90 días para la investigación y la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los dos. Desde el sábado 30 de noviembre que ambos están encerrados en el Sename "Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado" (CIP-CRC) de San Bernardo.

Cabe recordar que el juez había sustituido la medida luego de que los abogados defensores presentaron un informe elaborado por el propio Sename, sumado a los antecedentes de los colegios en los que estudian Gómez y Uribe y peritajes sociales de sus familias.

Con esos nuevos antecedentes, la abogada de la Defensoría Popular, Maria Rivera, dijo que con ellos se estableció que "los chicos no tienen nada que ver con el resto de la población que está ahí internada (Sename). Son dos adolescentes que están en tercero medio, que están matriculados, que tienen familia y que no tienen antecedentes previos".

Sin embargo, la abogada Rivera, en conversación con El Desconcierto, agregó que "es bastante lamentable la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel porque hace caso omiso al principio de inocencia. Porque no hay ningún tribunal de la República que haya condenado a los adolescentes por el delito que supuestamente habían cometido. Eso no se ha discutido todavía en ningún juicio. Por lo tanto hasta ahora ellos gozan de presunción de inocencia.

Incluso, explicó que "más grave aún es que la Corte de Apelaciones considera un agravante especial que se haya supuestamente cometido este delito en una situación de conmoción nacional. Eso demuestra que la decisión es absolutamente política".

En ese sentido, detalló que "se toman de eso para revocar la decisión del tribunal y ordenar la internación provisiora que es el símil a la prisión preventiva para los adolescentes. Evidentemente no compartimos el criterio de la Corte de Apelaciones. Consideramos que ambos tienen todas las condiciones para esperar el eventual juicio en su domicilio, con sus familias". 

Nota de Redacción: Esta nota fue sometida a edición y rectificación con posterioridad a su publicación original (8 de enero de 2020). La acción responde a un error en la aplicación de los criterios periodísticos con los que El Desconcierto trabaja diaria y rigurosamente. Lamentamos los inconvenientes que estos hechos pudieron haber causado. Como medio, nos comprometemos a siempre aspirar a un periodismo de calidad.