Las instituciones en Chile enfrentan una crisis severa, encabezada hoy por el Presidente Piñera. Al decretar un estado de emergencia, el jefe de Estado ha reprobado como líder del país. Su autoridad como presidente tenía “por objeto la conservación del orden público en el interior” (art. 24 pár. 2 CPR). Los saqueos y la violencia son muestra clara de su fracaso. No logró conservar el orden público, todo lo contrario. Lo que van a recordar futuras generaciones es su cena familiar en un buen restaurante, poco antes de decretar un estado de emergencia. Recordarán también su falta de empatía con el pulso social y con el sentir de sus habitantes.

Al pedir el apoyo de las fuerzas armadas, el Presidente también reprobó a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. Su rol como fuerzas de orden y seguridad pública era “dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior” (art. 101 párr. 2. CPR). El requisito para decretar un estado de emergencia es “una grave alteración del orden público” (art. 41 párr. 1 CPR), por lo que tenemos que suponer que las fuerzas de orden y seguridad pública no cumplieron su rol constitucional. Por lo menos, el Presidente Piñera y su gobierno parecen desconfiar de las capacidades de la policía.

Esos mismos policías de cuyo profesionalismo el Presidente desconfía, y que pagamos con nuestros impuestos, son los que ahora detienen a inocentes. Los que cometemos el pecado de salir después de las 20 horas, nos vemos enfrentados a una policía desconocida. No son los funcionarios respetados en América Latina, (supuestamente) poco corruptos y con cierto profesionalismo. Nos encontramos con comandos especiales que frenan bruscamente, bloquean una calle, abren las puertas, se esconden detrás de su vehículo, sacan su armamento y disparan a quienes luchan por la democracia. Dan pena estos policías. Una vez terminado el estado de emergencia, ¿con qué cara van a hacer creer a los vecinos que están para protegerles? Los adolescentes recordarán en cómo les dispararon, apalearon y detuvieron. Los adultos verán a la policía como la fuerza de represión que ayuda al gobierno de turno.

¿Y los militares? También tienen un rol previsto en la Constitución. No es el de resguardar el orden interno, ellos existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional” (art. 101 pár. 1 CPR). Ahora defienden la patria delante de una sucursal de Walmart o de Jumbo. Parecen estar en una guerra declarada por el Presidente cuyo objetivo es el resguardo de supermercados y otros centros comerciales. Pero perdieron la guerra, pues Walmart ha sido saqueado en múltiples localidades sin prácticamente ninguna intervención. Lo que van a recordar muchas personas, es que les apuntaron o dispararon con armas, les privaron de su libertad y les coaccionaron a quedarse en sus casas. Otros simplemente recordarán las palizas o pateaduras cobardes que recibieron. Algunos vamos a pensar en los tanques que pagamos con nuestros impuestos para que nos apunten con sus cañones en la Alameda.

Muchos de quienes hoy salen a la calle a protestar, no son los mismos que lo hicieron en dictadura, son jóvenes cuya relación con la autoridad, y en especial con las fuerzas de orden y seguridad, es muy distinta a la de generaciones anteriores, entre otras cosas, porque crecieron en democracia. Ellos y ellas no tienen miedo, son ciudadanas y ciudadanos que ya no se dejan amenazar, desafían a los militares hasta en su propia escuela y no permiten que les coarten su libertad. Carnavalean el cacerolazo con creatividad en los barrios cuando el reloj marca la hora de encerrarse.

Esta mañana, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, junto con realizar la contabilidad de los 15 muertos que se registran, no pudo obviar una referencia explícita a la vulneración de los derechos humanos en estos días durante el estado de emergencia. Es la primera vez – iniciado este proceso social- que el gobierno evoca los atropellos a las personas sin insistir obsesivamente en el saqueo como noticia única, rebasada por la crudeza de la realidad.

Efectivamente la acción del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y de todo un conjunto de abogados y defensores ha sido ardua, y lo será más aún en un escenario que se extenderá hasta 15 días. No se trata solo de un protocolo para el actuar de las Fuerzas Armadas y de Orden, eso debió estar garantizado a lo largo de estas tres décadas. Se trata de la irresponsabilidad del gobierno que insiste- a pesar del anuncio valorable de un paquete de medidas sectoriales - en una incomprensión de lo que aquí está en juego en términos de garantías constitucionales, derechos y ante todo, de para una respuesta seria y efectiva (con plazos, procedimientos, agenda en los tres poderes del Estado) de la invocación – fuerte y claro- de un nuevo contrato social que asegure la transformación de este modelo estructuralmente productor de desigualdad.

A esta altura habría que felicitar al Presidente Piñera. El uso (y abuso) de las fuerzas armadas y de orden, copiando la misma receta de la dictadura, ha sido reinstalado justamente por quienes lo apoyaron y pusieron en práctica en esos años, pero esta vez el escenario social es distinto, al menos así parece. El logro de esta segunda presidencia de Piñera es haber tumbado el fantasma de la dictadura después de haberlo resucitado. Es un buen momento para democratizar Chile desde su matriz fundacional.