La tarde de este lunes se reunieron el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado, Diego Ríos, director del área de Salud del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y el superintendente de Salud, Patricio Fernández, para tratar el tema de la discriminación que personas trans están sufriendo por parte de las isapres.

En dicha reunión Fernández anunció que al caso ya conocido de un trabajador de 24 años que demandó a la empresa, se suman al menos otros cinco, en los que la empresa ha incurrido en comportamientos discriminatorios. 

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Tras el encuentro, el senador Girardi dijo que “venimos a pedir que se investigue el caso de Benjamín donde la isapre Colmena transgrediendo todas las normas nacionales e internacionales ha violado derechos y transgredido derechos fundamentales”.

“Esta isapre en un contexto de aumentar sus rentabilidades y disminuir las coberturas se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas transgénero y pretenden patologizar esta condición como una enfermedad preexistente lo que la ley expresamente lo prohíbe”.

Girardi recordó que “el recurso de protección que, con apoyo del Movilh, presentamos en la Corte de Apelaciones fue ganado de manera unánime. “Ahora venimos a pedirle a la Superintendencia que investigue la existencia de más casos similares en la misma y otras isapres. Solicitamos que se inicie un proceso contra Colmena, que se aplique la sanción correspondiente, y que se establezca las circulares para impedir que se repita”.

Respecto de los cinco nuevos casos, Girardi afirmó que  “la sanción que arriesgan son multas, pero nosotros queremos ir más allá y evaluaremos presentar acciones penales”.

Por su parte Diego Ríos, director del área de Salud del Movilh dijo que, “estamos satisfechos que las autoridades de Salud entiendan que esto es una vulneración de derecho y de las leyes del Estado como la Ley Zamudio que reconoce a la identidad de género como una categoría protegida contra la discriminación que es lo que las isapres están haciendo”.

Ríos agregó que “no hay ninguna justificación para preguntar la identidad de género cuando la persona ya hizo su cambio de nombre a sexo registral y esto violenta el derecho a privacidad como lo establece la ley”.