El último informe estadístico del Ministerio de Salud, el dato que más llama la atención es que de los 1.148 médicos obstetras que trabajan en los centros de salud del servicio público, 580 no están dispuestos a interrumpir un embarazo en caso de que la persona haya sido violada. Esto corresponde al 50,5% del total de especialistas que atienden en los distintos hospitales del país.

Según La Tercera, en 2018 la cantidad de médicos objetores era de 538 doctores que no estaban dispuestos a aplicar un aborto por la tercera causal. Esto correspondía a un 47,2% del total de doctores y doctoras que trabajan en el sector público.

Desde el Ministerio de Salud aseguraron que  "la manifestación de objeción de conciencia es más bien permanente en las personas. La variación registrada tiene que ver más con la entrada o salida de personal dentro del sistema". Esto, considerando que una de las mayores variaciones desde el año pasado se dio en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, donde se paso de 15 a 39 obstetras objetores bajo esta causa.

También se menciona el caso de Osorno, donde el total de los médicos se declararon objetores de conciencia, lo que obligó al gobierno a tratar de buscar un especialista que no lo fuera, para asegurar que se cumpliera la Ley. Trataron de buscar dos personas, pero al final solo consiguieron un profesional, que es el que se encarga hasta el día de hoy de los abortos en la zona.

En el informe además se pueden apreciar pequeñas alzas objetores en las otras causales. En lo que se refiere al caso de riesgo de vida de la madre el porcentaje pasó de 20,2% a 20,7% en un año. Mientras que para la causal que les permite a las mujeres abortar por inviabilidad fetal, el número de doctores que no realizaría el procedimiento creció de 27,2% a 28,5% en el mismo período.

Las cifras del ministerio también afirman que, hasta enero de este año, 769 mujeres han solicitado la aplicación de la normativa, y en 103 casos este requerimiento ha sido rechazado.

El Desconcierto, publicó el 7 de junio, una entrevista con la abogada de la corporación MILES, Javiera Canales, quien comentó que "el gobierno siempre estuvo en desacuerdo con la aprobación de esta ley siendo oposición y llegó hasta el Tribunal Constitucional (TC) con tal de impugnarla. Por lo mismo, hoy la línea va por entorpecer su implementación sin darle una bajada sólida a través de los servicios de salud".