La segunda Cuenta Pública del presidente Sebastián Piñera no tuvo lugar para una propuesta de educación no sexista, ni hizo mención a los casos de femicidios o a una ley integral que busque erradicar la violencia contra las mujeres. Pero eso no fue lo único que omitió Piñera. El Mandatario tampoco dedicó palabras para referirse a la implementación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales, que ha sido ampliamente cuestionada por vulneraciones a los derechos de las mujeres en casos en que se les ha negado el procedimiento o en que estos han sido deficientes.

La ley N° 21.030 se aprobó en septiembre de 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, y modificó el Código Penal y el Código Sanitario para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer se encuentre en riesgo, el feto no tenga posibilidades de sobrevivir fuera del útero, o el embarazo sea producto de una violación. La normativa permite presentar objeción de conciencia tanto de forma institucional como personal.

La abogada de de Corporación MILES, Javiera Canales, comenta a El Desconcierto que preocupa el entorpecimiento del gobierno para que esta ley sea implementada, sobre todo, enfatiza, porque "desde el Ministerio de Salud (Minsal) no se han hecho cargo de las capacitaciones de las y los profesionales de la salud, desde la primera acogida a las mujeres hasta el procedimiento con pastillas".

Comenta, además, que han conocido denuncias por mala administración del misoprostol o porque las mujeres no han sido derivadas a los servicios de salud que corresponden. "No hay un control sobre los médicos que están desobedeciendo la ley en los procedimientos”, advierte la abogada.

Canales pone el acento en el alto costo que genera esto para las mujeres -tanto psicológico como económico-, que deben acudir a varias consultas médicas para corroborar su diagnóstico, dado la falta de información de los funcionarios de salud.

Actualmente, MILES lleva la defensa de Candy Jamett porque se le negó su derecho a abotar por la segunda causal de inviabilidad fetal extrauterina y también representan a mujeres a quienes le han administrado mal las dosis de misoprostol en el proceso.

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En términos políticos, Javiera Canales enfatiza que "el gobierno siempre estuvo en desacuerdo con la aprobación de esta ley siendo oposición y llegó hasta el Tribunal Constitucional (TC) con tal de impugnarla. Por lo mismo, hoy la línea va por entorpecer su implementación sin darle una bajada sólida a través de los servicios de salud".

Y a esto, la profesional agrega: “Para ellos fue un problema asumir el gobierno con esta ley, entonces ¿qué hacen? Le quitan el fondo y la obstruyen. No se puede permitir que las mujeres estén siendo 'conejillas de indias' para quienes tienen o no tienen capacitación, porque resultan profundamente vulneradas”.

Con todo, sostiene que la administración de Piñera está demostrando un desinterés en la autonomía de las mujeres porque “sigue considerando la violencia en su contra como un bien jurídico más bien centrado en lo familiar que en las libertades individuales”, es decir, "nos siguen considerando la mujer-madre y mujer-esposa y no mujer como sujeta individual”.

A esto se suma que desde diciembre de 2018 el Minsal no ha actualizado las cifras de las interrupciones realizadas invocando esta ley. “Estamos a mitad de año y todavía no lo sabemos”, concluye Javiera Canales.