Tres alcaldes en ejercicio están siendo investigados por la Policía de Investigaciones tras una denuncia que los vincula al tráfico de migrantes chinos a Chile. Manuel Rivera de Los Andes, Alberto Aliaga de Cabildo y Patricio Freire, alcalde de San Felipe, son las autoridades que están siendo indagadas.

Los alcaldes habrían emitido cartas de invitación dirigidas a ciudadanos chinos para un ingreso y posterior asentamiento en el país, lo que posibilitó la llegada de 381 personas. Sin embargo, según consignó La Tercera, para ser imputados y formalizados se debe acreditar el pago a cambio de la carta, lo que es investigado por funcionarios de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI, un trabajo coordinado por el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco.

Hasta ahora se ha formalizado a 11 personas -seis chilenos y cinco chinos- por tráfico de migrantes, asociación ilícita y cohecho. Entre los funcionarios públicos imputados se encuentran Álex Triggo Rocco, ex gobernadora de la Provincia de Choapa; Mauricio Navarro Salinas, ex alcalde de Los Andes, y Álex Brito Ortiz, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Brito es apuntado por la fiscalía como líder de la organización y encargado de gestionar el ingreso ilegal. Así lo indica la formalización realizada por el Ministerio Público, que describe que era "quien conocía a las autoridades pertinentes y quien orientaba e informaba a los demás sobre el desarrollo y avance de las gestiones”.

En tanto, el ex gobernador Triggo habría estado encargado de gestionar las cartas antes y después de dejar su cargo. La investigación señala que la posible asociación cobraba entre US$ 5 mil y US$ 10 mil por la invitación.

Además, según un informe de la PDI emitido en julio de 2018, el alcalde de Cabildo emitió en mayo del mismo año una carta de invitación hacia 24 ciudadanos chinos. Por su parte, el alcalde de San Felipe realizó la misma carta para 18 personas, mientras que el actual alcalde de Los Andes firmó un documento para 30 ciudadanos chinos.

Del total de 381 personas que ingresaron a Chile a través de este mecanismo, 178 cruzaron hacia Argentina y 203 se encuentran viviendo en Chile. Dentro de los últimos, 143 tienen residencia o la tramitan, mientras otros 60 se encuentran inubicables. El gobierno ya anunció que presentará una querella contra los responsables.