Como el inicio de un proceso de diálogo entre las organizaciones solicitantes de esta instancia y el Gobierno de Chile calificaron la realización de la audiencia pública de la CIDH denominada “Situación de las personas migrantes en Chile”, cita desarrollada la mañana de este miércoles 8 de mayo en Jamaica, donde participaron personeros de gobierno y representantes de las instancias solicitantes, entre ellos, el abogado Marcel Didier del Observatorio Ciudadano; Macarena Rodríguez y Francisco Quintana de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la U. Alberto Hurtado; José Tomás Vicuña, por el Servicio Jesuita a Migrantes; y Luis Zurita, invitado por dicho organismo.

“Algunos piensan que esta es una demanda contra el Estado, pero no. Esto es el inicio de un proceso. Recién con esta audiencia temática se abre un diálogo con el gobierno, lo cual evidencia la complejidad de la situación: tener que llegar hasta Jamaica para que se produzca el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil”, explicó Marcel Didier, uno de los abogados representantes de la docena de organizaciones que solicitaron esta audiencia desarrollada en el marco de su 172 periodo de sesiones.

En la ocasión, Didier contextualizó a los comisionados presentes de la situación global de la región. “Creemos que las restricciones y regresiones de las políticas migratorias así como la reducción del espacio humanitario son una realidad en la región. La situación se vuelve más crítica con algunas decisiones que se han tomado en materia en el último tiempo en Chile, y que han comenzado a replicarse en otros países, motivo por el cual efectuamos esta solicitud de audiencia”, detalló el abogado en la audiencia pública, transmitida también vía streaming.

En Chile, relató Didier, “hoy se cometen graves vulneraciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiados, entre ellas, la dictación de órdenes de expulsión sin respeto alguno a las normativas del debido proceso, la ejecución de las mismas sin respeto a la dignidad de las personas, y sin la posibilidad de ejercer el derecho a la prescripción judicial, la falta de un adecuado tratamiento en frontera de las personas que presentan necesidad de protección internacional, la vulneración de las obligaciones estatales en materia de reconocimiento a la convención de refugiados y refugiadas, y el desconocimiento de derechos fundamentales en el proyecto de ley que de discute hoy en el congreso nacional”.

Sobre esto último, señaló, si bien las organizaciones reconocen que este proyecto tiene avances, “no cumple con los estándares interamericanos de DDHH”. Al respecto, los representantes solicitaron que la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes informe al gobierno de Chile los estándares mínimos que pone la CIDH, dado que “no basta con decir que cumplimos con la ley”.

Como destacó José Tomás Vicuña del SJM, “esta es una instancia de diálogo y a lo que venimos es a proponer y promover cómo fomentar el diálogo. Qué mejor que tener un proyecto de ley avalado amparado por la CIDH. Qué mejor que el proyecto de ley cuente con sus comentarios técnicos y cuente con un estándar internacional”.

Otros de los puntos alertados por las y los abogados representantes de las organizaciones de la sociedad civil es la ausencia de aplicación mecanismos de protección internacional para niños, niñas y jóvenes; la ausencia del reconocimiento del principio de no devolución en el proyecto de ley que este cuerpo legal sea regresivo; y que no se aplique la normativa en materia de refugio para la comunidad venezolana y se opte por una visa de responsabilidad democrática, mecanismo a partir del cual se han dado curso a sólo el 20 por ciento de las solicitudes”; entre otros.

Para Paulo Abrao, secretario Ejecutivo de la CIDH, “las informaciones que nos presenta la sociedad civil pueden servir para entender, porque cuando ellos presentan que hay un incremento de rechazos en la frontera, cuando hay un aumento de 10 veces de rechazo de refugio o que eventualmente eso pasó a ser parte de una política de seguridad y no de derechos humanos, son alertas que generan para nosotros una preocupación”.

En definitiva, como indicó Abrao, que “todos los países tengan un incremento de migración en la región, no puede significar un cambio de enfoque”.

En este escenario, la comisionada Flávia Piovesan Cuales, cuestionó “cuáles son las políticas de Estado para promover la integración porque no basta con no devolver, hay que garantizar el mínimo para una vida digna, medidas contra la discriminación y la xenofobia”.

Como advirtió Didier, luego de esta instancia, la CIDH dará un seguimiento a esta situación planteada en la audiencia, donde también se solicitó que esta instancia internacional realice una visita al país, lo que no se ha hecho nunca anteriormente por materia de derechos de las personas migrantes.

Plan de fiscalización

Esta audiencia pública, además, se da en el contexto del inicio del “Plan de fiscalización” anunciado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, donde las policías ya han realizado desde inicios del mes de mayo 1.985 procedimientos, buscando personas en situación de irregularidad que no se hayan inscrito en el proceso de regularización. Según proyectaron las autoridades, esperan realizar 85 mil fiscalizaciones en lo que queda del año en la intención de expulsar unas 12.000 personas.

Al respecto, el asesor del Ministerio del Interior, Mijail Bonito, aseguró en la audiencia que “no hay una meta para realizar expulsiones. Lo que se ha señalado es que hemos heredado un número importante de expulsiones judiciales anteriores al 11 de marzo del 2018”, a pesar de lo señalado por el diario El Mercurio desde información oficial del gobierno.

Este plan, señalaron desde el Movimiento de Acción Migrante (MAM), representa “más que el fomento de la regularidad, la voluntad de mostrarse como ‘expulsor de migrantes’ con un populismo punitivo que, insistimos, desconoce la realidad migratoria nacional y mundial donde este tipo de procesos de regularización son más constantes y parte de las políticas públicas de regularidad migratoria, más que un muestrario de cómo expulsar por vía administrativa a miles de migrantes, generar terror y los votos de los más desinformados sobre la migración y sus aportes a la sociedad”.

La audiencia, denominada “La Situación de las Personas Migrantes en Chile” fue solicitada por organizaciones que trabajan directamente en la defensa de los derechos de los migrantes y refugiados y que por ello evidencian diariamente las barreras y limitaciones que operan para este grupo de personas.

Estas son la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, Movimiento de Acción Migrante (MAM), Observatorio Ciudadano, Servicio Jesuita a Migrantes, Clínica Jurídica de Atención a Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales; Corporación Migr-Acción, Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, ONG Migramigos, Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera de la Universidad Arturo Prat, Asociación Libertades Públicas, Corporación Fundamental, entre otras.