Luego de que el Servicio de Vivienda y Urbanismo detectara que 89 inmuebles de los subsidiados por el fisco en el contexto de la reconstrucción tras el terremoto y tsumani del 27F fueron arrendados por los beneficiarios, el Servicio informó que estos deberán volver a manos del fisco.

Así lo informó un artículo del diario El Mercurio, donde se donde se detalló que en la entrega las de casas o departamentos, el Estado prohibió este tipo de comercialización durante 5 años desde la firma de la escritura, cuestión que algunas familias no cumplieron.

La mayor parte de los casos detectados se encuentran en el balneario de Dichato, en Tomé, además de la Región del Maule donde se identificaron 14 casos.

El intendente del Bío Bío, Sergio Giacaman, expresó su malestar por el mal uso de los beneficios estatales, y afirmó que “para acceder a los recursos públicos hay que cumplir con ciertos requisitos y esos recursos públicos tienen un fin (…) los recursos del Estado tienen que utilizarse de buena manera”.

Por su parte, el director regional del Serviu Biobío, Juan Pablo González, afirmó que "es nuestro deber estar fiscalizando que las familias estén utilizando de manera correcta el subsidio entregado. Desde 2015 a la fecha hemos fiscalizado más de 4.000 hogares".

"Poco más de 2.100 son de proyectos de la época de la reconstrucción, es de esos donde hay 89 familias que no estaban como moradores al momento de que se fiscalizó", agregó González.

Si bien por ahora se desconoce si existen más casos, lo claro es que ya 14 de estos que están en etapa de devolución al fisco, mediante proceso judicial.