El pasado viernes el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía de Rancagua, Sergio Moya, reveló la denuncia que hizo contra el fiscal regional Emiliano Arias por los delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la investigación y ocultamiento de información en el marco del caso Caval.

En específico, Moya acusa a Arias de haber negociado una salida alternativa al juicio oral de 818 días de presidio con libertad vigilada para el ex síndico Herman Chadwick Larraín, propuesta que habría sido rechazada por el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Sin embargo, Arias se defiende diciendo que dichas negociaciones fueron llevadas por el mismo Moya con la defensa de Chadwick (los abogados Ciro Colombara y Rodrigo Piergentili) y que todas las decisiones fueron tomadas "en equipo".

Un escenario distinto a su versión es el que expone un correo electrónico -difundido por Radio Bío Bío- del 30 de octubre de 2017 donde Arias indicaba a los fiscales Sergio Moya, Marcia Allendes, Nicolás Nuñez y Macarena Bustos que él mismo asumiría las conversaciones por la salida alternativa para Chadwick.

"Buenos días, para efecto de orden interno de trabajo, la causa Caval que va a APJO (Audiencia de Preparación de Juicio Oral), queda con los siguientes responsables en las materias que se indica:

1. En cuanto a las negociaciones de eventuales abreviados u otras salidas en los delitos de la Ley de Quiebras y tributarios asociados el responsable soy yo.
2. En la misma materia respecto a los imputados de la municipalidad de Machalí el responsable es Sergio.
3. En la misma materia respecto de Saydex, la responsable es Marcia".

Este sería el contenido de la ahora controversial comunicación, que seguramente será parte de la investigación que se abrirá contra Arias en el marco de las denuncias en su contra. El fiscal recalca no tener ninguna responsabilidad en los hechos que se le acusan. Este martes se conocerá quién encabezará la investigación contra el aludido.

Otra acusación que lanzó Moya contra Arias tiene que ver con el presunto tráfico de influencias y obstrucción a la investigación en el caso de la malversación de más 3 mil millones de pesos por la remodelación del Teatro de Rancagua, donde son investigados el alcalde Eduardo Soto (UDI) y el suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta.

Sobre este caso, Moya acusa que Arias tendría nexos con el abogado defensor de la autoridad comunal, Luis Hermosilla, también militante de la UDI. Igualmente, denuncia que el fiscal le habría pedido devolver los artículos incautados en la oficina del alcalde, donde se habrían encontrado registros de una sospechosa conversación entre Soto y Elgueta.

En los mensajes, los sujetos conciertan una reunión en la que el ministro de la Corte le habría pedido un favor a Soto. En los escritos posteriores, el primero le consulta al alcalde por el estado de su "encargo".