La tortura no fue tema durante las últimas elecciones en Brasil, pese a que el candidato favorito, el ultraderechista Jair Bolsonaro se había declarado favorable a ella en los comienzos de su carrera política y no desmintió nunca ese apoyo.  La tortura no causó impacto ni vergüenza entre quienes serían sus electores: una mayoría relativa, pero significativa, de la gente que habita y vota en Brasil.

En Chile, la cultura de la tortura aparece regularmente reflejada en las noticias, no con ese nombre ni catalogada así en las intervenciones de las fiscalías. Torturas sufren los niños y las niñas de Sename, documentadas en los casos de muerte que ha habido. La policía uniformada —Carabineros (los «pacos»)— la usa rutinariamente contra la gente que detiene, especialmente si es pobre, joven y/o politizada, como fue evidente durante las protestas estudiantiles que marcaron esta década, por mencionar algo distinto a la experiencia de las y los luchadores mapuches.

En Paraguay la tortura es un tema extendido como práctica, aunque no sea de interés público, tanto así que un mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura obligó al país a establecer un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, producto de las condenas internacionales que ha recibido por este tema, soslayado por la justicia local. Cada cierto tiempo casos de “exceso” policial terminan en la muerte de personas detenidas.

La cultura de la tortura en Chile proviene de la dictadura de Pinochet. Tengo la certeza de que todos y todas quienes fueron detenidas durante la dictadura de Pinochet (detenidas, por cualquier motivo y durante cualquier lapso de tiempo) fue víctima de tortura, aunque la mayor parte de esas personas no haya tenido conciencia de que sufrieron tortura cuando les torturaban. Esa certeza la fui adquiriendo con el paso del tiempo, mediante la conversación con personas que, como yo, fueron detenidas en distintos momentos y por diversos motivos en esa época, no sólo por motivos políticos. La tortura fue una práctica cotidiana y constitutiva del quehacer policial chileno desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, período que es el origen de la cultura de la tortura en Chile y de su normalización.

Al final de la dictadura chilena y al comienzo de la transición democrática, los poderes negociaron para concentrar cierta justicia, cierta reparación y cierta verdad en los casos de ejecución política y desaparición de las personas detenidas. Se creó una comisión nacional que redactó un informe sobre este tema. Tanto el comisionamiento como el informe descartaron revisar el tema de la tortura, pese a que fue una de las principales demandas y generó fuertes organizaciones contra su aplicación durante los años de la dictadura.

La jerarquización de las violaciones a los derechos humanos, las presiones militares y cierto prejuicio religioso por prestar atención a los cuerpos vivos de las personas quienes fueron víctimas y testigos de las torturas, llevó a que no se considerara la tortura como algo prioritario, pese a lo masivo, rutinario y cotidiano que fue (y es) en la experiencia social chilena. O tal vez por esas mismas razones, no se priorizó en ella para acceder a cierta justicia, cierta reparación y cierta verdad.

Todas las personas que caímos detenidas (así se decía, como un tropezón) en ese tiempo fuimos torturadas por la policía, el asunto es que no lo sabíamos. Eso de «se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia» no lo sabíamos ni conocíamos.

Tortura, para quienes la vivimos en ese tiempo, era algo que le sucedía a otra gente, que habían hecho cosas «más grandes» o que eran «más importantes». Lo que me hicieron a mí, las veces que me llevaron detenido a una comisaría (y varias veces no fue por razones políticas, muchas por «sospecha») ahora puedo decir que era tortura, pero en ese tiempo no. Era, simplemente, lo que podían hacer los pacos con sus detenidos y detenidas.

Un ejemplo, no mío: fui detenido una vez camino a una protesta que habría en Medicina Norte. No me detuvieron por eso, si no por «sospecha», es decir, me vieron caminando joven, pobre y mal vestido. Me llevaron a una comisaría relativamente cercana a Medicina Norte. Allí fueron llegando estudiantes de Medicina detenidos a quienes llevaban a un calabozo. Les veía pasar puesto que a nosotros (había más chicos detenidos junto a mí) nos dejaron en la entrada, cerca de los calabozos. Algunos iban vestidos con su cotona blanca. A ellos, cuando ya eran bastantes, la policía les lanzó al interior del calabozo no recuerdo cuantas bombas lacrimógenas, más de una, muchas más de una. Tanto que hasta yo lloré. Detenidos, encerrados, fueron «castigados» mediante la tortura de asfixiarlos con lacrimógenas. Eso, para nosotros, era algo que la policía podía hacer mientras te tuviera detenido. Hoy le diría y le digo ¡Tortura!

Tiempo después, y debido a la presión social, la tortura fue tema para una nueva Comisión Nacional en Chile que redactó un informe sobre el tema y sobre la prisión política. La tortura, sobre presos y detenidos sociales, no entró en el comisionamiento ni en el informe, pese a que debido a nueva presión social la comisión sobre tortura (conocida como Comisión Valech, por el religioso que la dirigía) tuvo una segunda parte con un segundo informe.

La tortura parece ser un tema importante pero no lo es. No causa conmoción cuando se sabe de ella a menos que concluya en muerte. La tortura como práctica regular en los procesos de reclutamiento (como el Servicio Militar) o en las detenciones no políticas no tiene importancia social y cultural, puesto que están normalizadas. Siguen siendo «cosas que pueden hacer los policías». Este año las torturas efectuadas en «El Helicoide» en Caracas, Venezuela, y en otros centros de detención de ese país, no han merecido ni una pequeña reflexión (espero que esta afirmación sea desmentida) por quienes, por ejemplo, se oponían a Bolsonaro a nivel continental y mundial.

La tortura es la forma que tiene el Estado para decirnos que nuestro cuerpo no es nuestro y que es el Estado y sus agentes quienes lo castigarán por hacer algo que les moleste. Si el consenso social y político que había contra la tortura en tiempos de dictadura y primera post-dictadura no se recrea y fortalece contra toda tortura a cualquier persona, sin jerarquizar entre víctimas sociales y políticas, y ese consenso no es asumido como bandera por todas las corrientes progresistas, de izquierda y revolucionarias, lo que nos espera es que nadie, ningún Bolsonaro, ningún Trump, se sentirá socialmente impedido de llevar a la práctica sus pensamientos sobre el tema.