“Sobre este proyecto y la indicación que sería declarada inadmisible si no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente no vamos a patrocinar el proyecto ni la indicación que venía del gobierno anterior”.

Con esta frase de la ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos, expresada este miércoles en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el gobierno dejó caer definitivamente el proyecto de Ley de Protección de Glaciares. La iniciativa ingresó a tramitación en 2014 y ya había sido aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, restando en la Comisión de Hacienda la revisión del articulado relativo a la creación del Registro Nacional de Glaciares, indicación de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo por involucrar recursos públicos. Por ello al retirar la actual administración su respaldo a la iniciativa se hace inviable su continuidad.

La moción original fue presentada por los diputados Cristina Girardi (PPD), Giorgio Jackson (RD), Luis Lemus (PS), Daniel Melo (PS), Vlado Mirosevic (Liberal), Andrea Molina (UDI), Leonardo Soto (PS), Camila Vallejo (PC) y Patricio Vallespín (DC).

En estos cuatro años el proyecto sufrió profundos cambios en su sentido original producto de presiones, principalmente, del Consejo Minero que desde un principio de mostró contrario a legislar sobre la materia. Uno de los resultados de su preocupación fue una indicación sustitutiva de 2015 del gobierno de Michelle Bachelet que, según consignó la prensa, se hizo cargo de los reparos de la minería condicionando la protección de todos los glaciares del país bajo la figura de reserva estratégica que se aplicaría solo a algunos.

Luego de ser revisado y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente a principios de 2016, el proyecto pasó a sus pares de Hacienda, momento en el que el pasado gobierno paralizó definitivamente su tramitación, toda vez que las modificaciones introducidas por los legisladores a la indicación sustitutiva eran aún consideradas por sectores oficialistas como medidas que afectarían la inversión minera.

En paralelo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos había realizado también una serie de objeciones, pero con una mirada diametralmente opuesta. “El nivel de protección de los glaciares disminuye considerablemente” señaló en un informe de 2015 apuntando a la indicación sustitutiva presentada por el gobierno de Bachelet, ya que no se protegían de facto todos los cuerpos de agua congelada sino caso a caso mediante la figura de reserva estratégica glaciar. La Corte Suprema, en tanto, informó a los diputados que lo establecido por el cuerpo legal “podría debilitar la situación de los glaciares, al regular un procedimiento que posibilitará su explotación” cuestionando a la vez que se les considere “bienes nacionales de uso público” y no simplemente “bienes nacionales”, lo cual les daría un marco mayor para la no intervención.

Este debate ha permitido al gobierno de Piñera quitar el piso al proyecto, soslayando sus prerrogativas legislativas para mejorarlo en el sentido de proteger todos los glaciares del país.

Explicó Cubillos en la Comisión de Hacienda que no comparten la idea de aprobar leyes específicas para proteger la diversidad biológica, sino que impulsarán los instrumentos de conservación incluidos en el proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: las áreas protegidas, la clasificación de ecosistemas y los planes de manejo para ecosistemas amenazados. Hoy por hoy la iniciativa no hace alusión alguna a la protección de los glaciares.

Durante la sesión del miércoles se concordó un plazo de tres semanas para que el Ejecutivo retire la indicación y finalice la tramitación.

De esta forma hoy el único proyecto en tramitación que apunta a algún tipo de protección, además de la reforma al Código de Aguas que impide entregar derechos de agua en glaciares, es el que se presentara a principios de este año en la Cámara Baja con el mismo objetivo. El texto ya fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, en la cual se amplió su ámbito de acción avanzando en una definición de glaciar para “todo volumen de hielo y nieve permanente, que persista por periodos de al menos dos años y que cubra un área igual o superior a 0,01 Km2, incluyendo cualquier superficie rocosa con evidencia superficial de flujo viscoso, producto de un alto contenido de hielo actual o pasado en el subsuelo”.

Asimismo, los reconoce manifiestamente como “ecosistemas complejos asociados a los ambientes glaciares y periglaciares y son parte del ciclo hidrológico de las aguas”, ampliando su constitución no solo al hielo sino al “material detrítico rocoso, las lagunas y cursos de agua que se encuentren en su superficie”.

Y establece su protección mediante la prohibición de todas las actividades “que generen impacto significativo o daño irreversible” sobre estas masas de agua sólida. Incluye entre ellas las que involucren su remoción, traslado o destrucción; las que siendo realizadas en su superficie afecten sus funciones, dinámicas y propiedades esenciales. También el desarrollo de actividades bajo la superficie de los glaciares, que puedan alterar su condición natural, acelerar o interrumpir su desplazamiento, o acelerar su derretimiento, y la liberación, vaciamiento o depósito de basuras, productos químicos, material particulado, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen. Y, por último, cualquier otra acción contraria al objeto de la ley o que pueda afectar directa o indirectamente las funciones del glaciar.

La iniciativa sería votada la semana pasada por el pleno, sin embargo el procedimiento fue postergado hasta principios de julio.

Desde una parte de la sociedad civil se plantea que, aunque este no cumple en un 100% con el objetivo de protección que se busca, permitiría cierto grado de avance para, desde ahí, continuar con otras iniciativas legales que alcancen la salvaguarda total y permanente de las principales reservas de agua de Chile y múltiples comunidades. Se espera, además, que de ser aprobado en esta instancia poder introducir otras mejoras en su eventual revisión en el Senado en segundo trámite constitucional.