La Audiencia de Navarra decretó la libertad provisional de los cinco hombres condenados a nueve años de cárcel por haber violado colectivamente a una joven en Madrid, durante la fiesta de Sanfermines en 2016.

El tribunal adoptó la decisión cuando está a punto de vencer el plazo máximo de dos años, estipulado para la prisión provisional. Sin embargo, cumplido el periodo, la ley contempla que puede ampliarse hasta cumplir la mitad de la condena.

José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero, quienes permanecen en la cárcel de Pamplona, y Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, recluidos en Alcalá Meco, podrán recuperar su libertad cuando se les notifique de la resolución, ya que la decisión se hace efectiva de manera casi inmediata, según consignó El País.

La decisión la adoptó el mismo tribunal que les condenó con el voto favorable de dos magistrados y el voto en contra del magistrado Ricardo González, quien se pronunció polémicamente a favor de la absolución de los imputados.

El tribunal estableció el pago de una fianza de 6 mil euros para los cinco condenados, así como una serie de medidas que los obligan a comparecer en el juzgado de sus lugares de residencia tres días a la semana, el retiro del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, así como de acudir a Madrid, donde reside la joven que fue violada.

La audiencia para decidir sobre la libertad provisional de los cinco condenados se realizó el pasado lunes. Esto, a la espera de que el caso llegue al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que debe pronunciarse sobre los recursos que han presentado ambas partes para agotar las vías judiciales.

Los integrantes de La Manada quedarán en libertad, después de que el mismo tribunal rechazó hasta en tres ocasiones otorgarles el beneficio alegando riesgo de fuga y reiteración delictiva. En esta ocasión, estimaron que ya no existen riesgos. Los cinco sujetos fueron condenados en medio de la crítica de la sociedad española y de todo el mundo, luego de haber descartado el delito de violación al no "mediar violencia" por parte de los agresores, una sentencia que aún indigna a las mujeres y organizaciones feministas.