Israel, que durante años se mostró preocupado ante la posibilidad de que Palestina diera el paso de acudir a La Haya, tachó la denuncia que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) interpuso este martes ante este tribunal de “cínica”. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Emmanuel Nahson, calificó de “absurdas” las acciones palestinas, y aseguró que “Israel espera que la CPI y su fiscal no cedan a la presión, y se mantengan firmes frente a los continuos esfuerzos palestinos para politizar la Corte y desviarla de su mandato”.

Nahson, que se manifestó a través de un comunicado, agregó que el país liderado por Netanyahu “actúa de conformidad con los mecanismos de revisión judicial independientes y exhaustivos, acordes con un estado democrático y con el derecho internacional”, lo que ha sido puesto en duda por diferentes actores internacionales en las últimas semanas.

La ANP presentó una demanda contra Israel por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. La ANP solicitó la apertura de “una investigación inmediata” sobre los “crímenes asociados con el régimen de colonización israelí” y “la actuación del Ejército israelí” en las últimas protestas en Gaza, donde solo el pasado lunes fueron asesinadas al menos 60 personas y resultaron heridas más de 3 mil. Eso, por rechazar el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.

La denuncia fue presentada por el ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riad Malki, quien instó a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a enviar un equipo de investigadores a Gaza y Cisjordania para “recoger pruebas”. Al Malki pedirá al tribunal que "asuma su responsabilidad y deberes para llevar justicia al pueblo palestino y exigir responsabilidades a Israel, el poder ocupante, por sus continuos crímenes y violaciones“, señaló la Organización para la Liberación Palestina (OLP) en declaraciones recogidas por EFE.

“El régimen colonial practica el desplazamiento forzoso de población palestina y la transferencia ilegal de ciudadanos israelíes a un territorio bajo ocupación para perpetuar así su presencia (…) lo que incluye la expansión de los asentamientos y de sus infraestructuras vinculadas, como el Muro y el bloqueo a la franja de Gaza”, asegura la OLP en un comunicado publicado con anterioridad a la interposición de la denuncia.

Palestina invoca así la condición de estado miembro de pleno derecho de la CPI que ostenta desde abril de 2015, después de la entrada en vigor de su adhesión al Estatuto de Roma, lo que permite la posibilidad de que se juzguen crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados. No obstante, será la Fiscalía quien decidirá si se debe abrir una investigación preliminar sobre el caso.