"La actual institucionalidad ambiental requiere mejoras para estar a la altura del contexto de nuestro presente, sobretodo en lo que tiene que ver con la participación de las comunidades de un territorio, para que su voz tenga un peso importante a la hora de tomar decisiones respecto a proyectos con un impacto ambiental relevante", dijo este lunes el diputado del Movimiento Autonomista Diego Ibáñez.

Con esas palabras, el parlamentario se refirió a los hechos que se conocieron al comienzo de la jornada: la ofensiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por revivir el proyecto hidroeléctrico Mediterráneo S.A, liderada por cercanos al actual presidente Sebastián Piñera.

Se trata de una central hidroeléctrica de pasada de 210 MW de potencia y 400 millones de dólares de inversión que tres históricos socios y amigos del actual presidente como José Cox, Ricardo Bachelet -primo de la ahora ex mandataria, Michelle Bachelet- e Ignacio Guerrero, quieren impulsar de hace años. El proyecto que se ubicaría en el río Puelo, en la Región de Los Lagos, tuvo su primer visto bueno el 27 de febrero de 2014 -a semanas del fin del primer mandato piñerista- cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos aprobó la iniciativa.

Sin embargo, todo se vino abajo con los fallos del Tribunal Ambiental y la Suprema, que desestimaron la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) -último eslabón que debe sortear un proyecto para lograr su aprobación, instancias que dieron cuenta de que no se realizó la consulta indígena amparada en el convenio 169 de la OIT, el cual Chile es suscriptor desde hace una década.

Hace pocos días, el SEA volvió a ponerse del lado de la empresa al solicitar una “aclaración de la sentencia definitiva”, lo que permitiría re abrir todo el proceso.

Ante lo anterior, Ibáñez agregó: "En este caso particular, me llama la atención que el SEA interceda por una empresa para corregir el proceso, considerando además que la empresa titular del proyecto no realizó la consulta indígena correspondiente desde un inicio. En este punto, tanto las comunidades como quienes tengamos facultades de fiscalización estaremos muy atentos a lo que aquí suceda. No vamos a permitir que esto se apruebe por secretaría y de espaldas a la gente".