Este martes la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de protección presentado por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, en contra de su superior, el fiscal nacional Jorge Abbott.

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En junio pasado, Abbott sancionó a Arias por sus actuar cuando estaba a cargo de la investigación en el caso incendios del verano del año pasado, que afectó tanto a la región de O'Higgins, como la del Maule y la del Bío Bío, y señaló que el persecutor había incurrido en una serie de infracciones a leyes y reglamentos internos de la Fiscalía Nacional.

El conflicto se inició en febrero, cuando dos imputados de la Compañía General de Electricidad (CGE) presentaron un reclamo en contra de Arias, en el que señalaban que el fiscal infringió el "deber de reserva y objetividad" debido a que declaró en la prensa –antes que en una audiencia judicial– que la causa de los incendios eran “consecuencia de fallas eléctricas por falta de adecuada mantención del tendido eléctrico”.

A lo anterior además se suma que Arias ordenó, en su calidad de fiscal regional, la apertura de oficio de una indagatoria criminal para investigar la grabación de una conversación sostenida entre él y las víctimas del incendio de Pumanque en el que revelaba aspectos sensibles en cuanto al origen de los siniestros y a los posibles responsables de los mismos.

Con estos antecedentes, Abbott decidió abrir un sumario que asignó al fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, quien estableció que a Arias le afectaba la causal de inhabilidad prevista en dicha Ley Orgánica, al tener parte o interés en el caso como víctima del delito, causal que tampoco fue informada a su superior jerárquico, de acuerdo a lo previsto en la misma ley.

Si bien Paredes sugirió como sanción sólo una "censura por escrito", Abbott resolvió aplicar una multa del 5% de su remuneración por un mes, lo que fue resentido por Arias debido a que "la pena de multa es una pena bastante alta en lo que dice relación con la escala de sanciones de naturaleza administrativa", por lo que decidió apelar hasta llegar hasta el máximo tribunal que, sin embargo, le dio la razón a su superior.

Esta es la segunda vez que Arias es sancionado y apartado de una investigación del Ministerio Público, luego de que en agosto de 2016 también fuera removido del caso Corpesca por haber declarado que "la Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos" y donde "hay corrupción".