Desde 1980, el sistema de pensiones que existe en Chile es del tipo “Capitalización individual”, lo que significa que cada trabajador y trabajadora tiene una cuenta personal donde ahorra dinero para su jubilación. Este ahorro se logra a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que funcionan en base a tres ejes.

El primer eje es el Pilar Solidario, incorporado al sistema durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Orientado al 60% más pobre de la población, entrega la Pensión Básica Solidaria para quienes no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional y el Aporte Previsional Solidario a quienes tienen una pensión demasiado baja.

El segundo eje es el Pilar Contributivo Obligatorio, que son los ahorros que cada trabajador y trabajadora cotiza mensualmente y que corresponden a un 10% de su sueldo. A ese porcentaje se suma una comisión que cobra cada AFP por invertir ese dinero en el mercado financiero a través de cinco fondos: A, B, C, D y E. El A es el más riesgoso y el que ha producido mayor rentabilidad en los últimos años, mientras que el E es el menos riesgoso, pero produce rentas acotadas.

El tercer eje es el Pilar Voluntario, que es una cuenta de ahorro optativa que funciona por el sistema de Ahorro Previsional Voluntario, pero que es utilizado por un porcentaje muy bajo de la población.

El ahorro total se entrega solamente una vez que la persona se jubila. Ese ahorro se puede retirar en forma de Renta Vitalicia (administrada por una compañía de seguros que adquiere los fondos del trabajador y le fija una pensión mensual) o como Retiro Programado (administrado por una AFP que recalcula el monto de la pensión año a año según la rentabilidad de los fondos).

Desde el año pasado, a través de la demanda de la Coordinadora de trabajadores No más AFP, se ha puesto sobre la mesa la idea de cambiar radicalmente el sistema de pensiones actual, criticado por sus bajas pensiones que no aseguran una vejez digna. La propuesta es pasar a un sistema de Reparto solidario administrado por el Estado y con financiamiento tripartido entre trabajadores, empresas y Estado. En dicho sistema, trabajadores y trabajadoras también tienen que cotizar un porcentaje de sus sueldos, pero sus ahorros tendrían como destino un fondo común que financia las pensiones de todas las personas jubiladas.

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