En el discurso de la última cuenta pública que la presidenta Michelle Bachelet pronunció este jueves hubo varios temas que pasaron totalmente desapercibidos o que ni siquiera fueron mencionados, a pesar de haber ocupado titulares y páginas de la prensa durante este último año de gobierno.

Uno de las grandes cuestiones omitidas tiene que ver con todas las políticas relacionadas con Justicia y Derechos Humanos. La mandataria obvió uno de sus principales logros en esta materia, alcanzado en noviembre de 2016: la tipificación del delito de tortura; y también la creación de la Subsecretaría de Derecho con la ex directora del INDH, Lorena Fries, a cargo.

Este silencio le permitió evitar pronunciarse sobre el cumplimiento del compromiso del proyecto que declara la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los delitos de lesa humanidad, que cuenta con dos proyectos de ley: el primero modifica la Constitución para establecer que los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio no puedan prescribir ni ser amnistiados y, el segundo, adecua la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción de la acción penal y la pena a lo que dispone el derecho internacional respecto de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra. Ambos se encuentran en primer trámite y sin mayores avances.

Otro de los pendientes que no se sabe si el gobierno logrará a alcanzar hasta noviembres es la entrega del Plan Nacional de Derechos Humanos, una hoja de ruta que contendrá las políticas públicas encaminadas al respeto, promoción y protección de los derechos humanos.

Fuerzas Armadas e Identidad de Género

Otro de los grandes silencios de la retórica de la mandataria tiene que ver con los compromisos que implican a las Fuerzas Armadas.

"Las FF.AA. también han jugado un rol preponderante. Sólo en los últimos incendios forestales se desplegaron más de 8.800 efectivos; 18 aviones, 14 helicópteros, cerca de 200 camiones, maquinaria pesada, entre otras capacidades del Ejército, Armada y Fuerza Aérea", dijo la mandataria ante el Congreso.

Y agregó: "Nuestro acento ha sido fortalecer la integración de la FF.AA. con la ciudadanía, garantizando que sus tareas de protección civil, promoción científica y labores de paz sean un servicio permanente a la comunidad".

En esta breve mención, la presidenta no aclaró cómo queda finalmente su promesa de incorporar nuevos estándares de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos de la Defensa Nacional, luego de que su mandato quedara duramente marcado por el estallido del Milicogate en 2015 y el Pagocate en 2017, perjudicando gravemente la imagen de la institucionalidad.

Bachelet tampoco habló del conflicto con Bolivia y ni hizo balance de la gestión de la Cancillería chilena del proceso judicial iniciado en La Haya por el reclamo de Bolivia de recuperar una salida al mar. La disputa desató las tensiones entre ambos países, expresada en reiteradas ocasiones por los respectivos mandatarios y representantes.

El último capítulo de hostilidades se vivió a tras la detención de nueve funcionarios bolivianos, dos de ellos militares, por parte de Carabineros de Chile luego de ser acusados de asaltar a camiones chilenos. Los arrestados quedaron en prisión preventiva y fueron formalizados por intento de robo, porte ilegal de armas y contrabando.

De hecho, este mismo jueves el Servicio Nacional de Aduanas de Chile denunció a tres camioneros chilenos, quienes estaban involucrados en la detención de los nueve funcionarios bolivianos.

Finalmente, otro gran silencio tuvo que ver con el proyecto de Ley de Identidad de Género, que cuatro años después de ingresar al Congreso, el pasado 10 de mayo logró ser despachado a la sala del Senado para su votación en particular, es decir, artículo por artículo, a partir de la próxima semana.