El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción ordenó pagar más de $380 millones a un trabajador que quedó con 95% de incapacidad.
Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción / Poder Judicial
Un trabajador sufrió graves quemaduras luego de que una retroexcavadora dañara una cañería subterránea de gas durante faenas en San Pedro de la Paz, provocando una explosión. El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción estableció responsabilidades en el accidente y condenó al contratista y a Aguas San Pedro S.A. a indemnizarlo solidariamente.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el accidente ocurrió en noviembre de 2019, durante trabajos de excavación encargados por Aguas San Pedro.
Mientras se abría una zanja, la retroexcavadora impactó una tubería de gas cuya existencia era desconocida por quienes ejecutaban las labores. La fuga derivó en una explosión que alcanzó al trabajador mientras permanecía dentro de la excavación.
Las lesiones obligaron a trasladarlo hasta la unidad de grandes quemados del Hospital del Trabajador de la ACHS, en Santiago.
Permaneció cinco meses en la unidad de pacientes críticos, intubado y en coma inducido, período durante el cual sufrió tres infartos. Posteriormente, su incapacidad laboral permanente fue determinada en un 95%.
Para resolver, el tribunal analizó antecedentes de Carabineros, la Inspección del Trabajo y una causa del Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, además de testimonios. El operador de la retroexcavadora declaró que desconocían la presencia de las cañerías y que pasó a llevar una mientras manejaba la máquina.
La sentencia estableció que Aguas San Pedro no contaba con una evaluación de riesgos vinculada con excavaciones en la vía pública que considerara la posibilidad de afectar instalaciones subterráneas de gas, agua o electricidad. Tampoco disponía de un procedimiento de trabajo seguro que contemplara revisar previamente el terreno.
El tribunal sostuvo que las medidas de seguridad no pueden limitarse a un cumplimiento formal, sino que deben ser efectivas para proteger a los trabajadores. Además, descartó que la explosión constituyera un hecho imprevisible, pues correspondía a un riesgo propio de las excavaciones.
Por ello, acogió la demanda y estableció la responsabilidad solidaria del contratista y Aguas San Pedro. Ambos deberán pagar $180 millones por daño moral, $100 millones por daño emergente y poco más de $100 millones por lucro cesante, alcanzando una indemnización superior a $380 millones.
Las cantidades deberán reajustarse según el IPC y devengarán intereses en los términos establecidos en la sentencia. Además, ambas demandadas fueron condenadas en costas, fijadas en $1.200.000 para cada una.
