Con un video lanzado durante esta semana, el programa Chile Sustentable denunció los cambios que el gobierno está proponiendo a la reforma del Código de Aguas en el Senado. La iniciativa, aprobada en noviembre del año pasado por el pleno de la Cámara de Diputados, busca avanzar en garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes naturales.

La ofensiva audiovisual, que solo en facebook ya lleva más de 80 mil reproducciones, se suma a los cuestionamientos que, desde las propias filas oficialistas, la oposición y la sociedad civil, se han planteado frente a las indicaciones ingresadas recientemente por el Ejecutivo y que fueran coordinadas por el Ministerio de Hacienda.  Esto llevó a la directora de Chile Sustentable, la ambientalista Sara Larraín, a señalar que “este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”.

Con el título “Peligro de gol a la reforma del Código de Aguas”, la pieza da cuenta de los principales cambios propuestos por la administración Bachelet para desmantelar el sentido profundo de la reforma, que va en la línea de ir instituyendo el derecho humano al agua como uno fundamental.

Es así que el gobierno plantea eliminar la figura de las concesiones temporales de agua para los futuros otorgamientos, concepto que fuera aprobado por los diputados, manteniendo el de “derecho de aprovechamiento”. Esto es una distorsión con respecto a la forma en que se utilizan los demás bienes públicos, como las concesiones pesqueras o mineras, que en última instancia se reconocen como propiedad del Estado.   También aumenta el plazo  para quienes acaparan el agua sin usarla, los que podrán seguir especulando por cinco y diez años (derechos consuntivos y no consuntivos, respectivamente), sin que se extingan estos.

Además exime a las empresas mineras de solicitar autorización para utilizar las aguas halladas en el área de la concesión y elimina la exigencia de mantener caudales     ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad cuyas fuentes estén siendo afectadas.  Asimismo, libera a los inversionistas en hidroeléctricas de hasta 20 megawatts de la exigencia de dejar caudal ecológico, lo cual es una excepción que hoy solo opera para los pequeños campesinos, beneficiarios de INDAP, y los usos de subsistencia.

Por último, permite cambiar los puntos de  extracción de aguas de una cuenca a otra sin  evaluar los posibles perjuicios al medioambiente y a las comunidades locales.

A las indicaciones del Ejecutivo se sumó una del senador DC Jorge Pizarro que va en la misma línea (y que originalmente tenía pensado impulsar La Moneda) al proponer eliminar la priorización del agua para “uso doméstico de subsistencia”, lo cual perjudica a comunidades agrícolas, indígenas y campesinos.

Todos estos cambios van en sintonía con el lobby de sectores empresariales de la energía, minería  y agricultura, con el objetivo de revertir las reformas.

Reacciones

Desde el oficialismo han cuestionado fuertemente las indicaciones del gobierno. Según consignó El Pulso, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, señaló que “nos preocupa que se quiera modificar el tema de los derechos indefinidos con el objetivo de ‘eliminar ruidos’ como ha señalado el ministro de Hacienda”. “Sabemos que desde la derecha se ha intentado desinformar y que se ha hablado hasta de expropiación, lo que absolutamente falso. Esperamos que el Senado no dé luz verde a estos cambios y se respete el sentido de lo aprobado en primer trámite constitucional” explicó el legislador DC. Su correligionario Mario Venegas indicó que “la fuerza de los grupos de presión y del lobby está llevando a que se distorsione la idea apoyada en la Cámara. Si el Senado las aprueba tendremos que irnos a Comisión Mixta”, al tiempo que dio cuenta de la molestia de las bancadas de la Nueva Mayoría con la propuesta del Ejecutivo.

Desde el PPD, la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi, anunció una ofensiva con los senadores para evitar que sean apoyadas las indicaciones. “Hay una contradicción porque si hablamos del agua como un bien nacional de uso público, no puede convertirse en propiedad privada y que se pueda disponer de ella como si fueran acciones. En cualquier lógica de sobrevivencia el recurso no puede ser apropiado por unos pocos, ni siquiera con equidad porque está concentrado donde hay más plata” señaló.

Desde el Senado, el independiente Antonio Horvath también  criticó la propuesta: “Es un paso atrás respecto de lo que originalmente se había aprobado” indicó al canal aysenino Santa María TV, con lo que concordó el presidente de la Corporación Privada par el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura, quien puntualizó que “estas indicaciones están planteando revertir, en alguna medida, todos los logros” alcanzados en la Cámara de Diputados.  Recordó el dirigente que este tema es particularmente sensible para la zona austral, al existir impactos en el acceso al agua “para comunidades que están aguas arriba de los derechos entregados, particularmente en el caso del río Baker, porque se tiene que asegurar el caudal para que las potenciales hidroeléctricas deban operar. Entonces, la discusión sobre energía y agua es muy importante para la región de Aysén”.

El martes 2 de mayo, a partir de las 10:30 horas, la Comisión Especial de Recursos Hídricos comenzará la votación de todas las indicaciones que se presenten, sesión que podrá ser seguida online a través del portal de televisión del Senado.  Integran la comisión Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).

Revisa el video aquí

https://youtu.be/p-6xL33LaYI