
Presentan recurso por universitarios peruanos expulsados del país por portar "libros de anarquismo y marxismo"
Hoy la Coordinadora Nacional de Inmigrantes presentó una demanda contra el intendente de Antofagasta Arturo Molina y la PDI por la expulsión de tres universitarios peruanos. ¿La razón? Poseer libros de marxismo y anarquismo.
"La policía realizó un ilegal e infundado acoso sistemático en contra de los estudiantes peruanos, contra quienes presentaron una denuncia por el simple hecho de poseer unos libros de marxismo y ciencias sociales en general", denunció Rodolfo Noriega, presidente de la organización.
Los estudiantes fueron expulsados el pasado 26 de enero y hoy la coordinadora presentó un recurso de amparo a su favor, según informa Cooperativa.
Los jóvenes ingresaron al país el 18 de enero por motivos turísticos gracias a la invitación de amigos chilenos. Quería aprovechar el viaje para recabar información de sus trabajos de investigación, relativo a la historia de los movimientos obreros en el siglo XX.
Según la coordinadora, los estudiantes fueron interrogados por la PDI apenas llegaron a Antofagasta. Esa habría sido la base para que después el intendente de Antofagasta dispusiera su expulsión del país.
En La Serena fueron detenidos y trasladados a Arica para ser expulsados. "Nunca se les informó acerca de algún hecho específico en el que se basara la medida de expulsión en su contra, y tampoco se les informó o comunicó del derecho que tenían para poder recurrir de dicha orden de expulsión", afirmó Noriega.
Según el artículo 15 de la Ley de Extranjería, se puede expulsar del país o impedir el ingreso de quienes “propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado”.