La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) realizará una asamblea extraordinaria el lunes 10 de abril para discutir dos puntos: la participación de los empleados fiscales en la CUT y el adelanto de la negociación de los 19 puntos del protocolo de acuerdo con el gobierno. La decisión se tomó por unanimidad ayer lunes en una reunión del directorio nacional.

"Queremos seguir adelante con lo que fue la decisión de la última asamblea de presidentes y delegados, que dijo que procedía una asamblea extraordinaria para evaluar nuestra participación en unas elecciones que se harán con el mismo sistema de padrones adulterados", señala Orietta Fuenzalida, parte del directorio de la Anef, quien cuestionó que ya se hayan pagado las cuotas a la CUT, así como confirmado su participación en las elecciones desde los trabajadores del sector público, ya que las resoluciones que tomaron fueron exigir voto universal.

"Lo que buscamos es hacer una asamblea extraordinaria para detener este proceso, ya que la Anef no puede participar en una elección de esta naturaleza, cuando aún hay procesos judiciales en curso que impugnan las anteriores", sentenció Fuenzalida.

Sin embargo, el presidente de la Anef, Carlos Insunza, es contrario a la idea de congelar su participación en la Central Unitaria de Trabajadores. Contactado por El Desconcierto, Insunza desestimó dar declaraciones y afirmó que su postura será la que tome en conjunto la agrupación. Este debate causa preocupación en la CUT, ya que la Anef representa a 80 mil trabajadores afiliados, los que se sumarían a la decisión anunciada en febrero por el Colegio de Profesores de congelar su participación en la misma.

Conflicto por protocolo con el gobierno y censo

[caption id="attachment_131177" align="alignnone" width="799"] Carlos Insunza y el ministro Céspedes / FOTO: Agencia UNO[/caption]

Las tensiones en la Anef no se remiten a la participación en la CUT. El segundo punto para esta posible asamblea extraordinaria tiene que ver con el protocolo de trabajo con el gobierno y también causa diferencias. Actualmente hay dos negociaciones en curso: la sectorial de los trabajadores públicos, que consta de 19 puntos, y se lleva al nivel de la administración central del gobierno; y otra que tiene que ver con las conversaciones sobre el reajuste anual.

A esto se suma el resquemor que cunde entre los dirigentes locales de la Anef por la forma en que el gobierno, específicamente el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, ha llevado adelante el trabajo para el censo nacional del próximo 19 de abril. A través de un oficio despachado a todas las unidades de gobierno el 9 de marzo pasado, Céspedes insistió en la obligatoriedad de la participación como censistas para los funcionarios públicos, de la que sólo pueden eximirse por orden del respectivo jefe de servicio, que evaluará caso a caso ante la "imposibilidad de establecer taxativamente todas las causales de exclusión".

"Este oficio no da cuenta de todos los compromisos que se tomaron en las reuniones entre el ministro Céspedes y la Anef, que tienen que ver sobre todo con los resguardos de seguridad, traslado y de exclusión para quienes no deberían participar por condiciones de salud y otros motivos", señala Orietta Fuenzalida.