En los próximos días conoceremos las prioridades legislativas que impulsará el Gobierno, esto tras una serie de reuniones por el impasse generado tras la merma en los resultados de las recientes elecciones municipales que hizo perder importantes municipios a la Nueva Mayoría.

Por más de 25 años las mujeres chilenas hemos estado sometidas a una legislación injusta e ilegítima, que criminaliza el aborto en cualquier circunstancia. La actual legislación heredada de la dictadura vulnera los derechos de las mujeres, es repudiada por la ciudadanía, y observada con preocupación por organismos internacionales de Naciones Unidas, puesto que viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas al imponer, bajo la amenaza del castigo penal, el embarazo forzado en toda circunstancia, incluso cuando el embarazo ha sido producto de una violación, pone en peligro la vida de la mujer o se trata de un embarazo inviable. Las encuestas de opinión evidencian que cerca de un 70% de la población está de acuerdo en legislar al menos respecto de tres causales.

Por ello, las mujeres chilenas esperamos que las reuniones que el Gobierno celebra en estos días con sus Ministros y Ministras de Estado y dirigentes de los partidos políticos de la coalición oficialista reafirmen categóricamente que el debate y aprobación del proyecto sobre aborto en tres causales es prioritario para garantizar los derechos humanos de las personas en Chile. Así como esta legislación sobre tres causales resulta necesaria para ciertos dirigentes de la coalición gobernante, que aspiran a ser candidatos presidenciales –según han informado diversos medios de comunicación–, se trata de una normativa imprescindible si Chile aspira a cumplir sus obligaciones internacionalmente asumidas frente a la violencia sexual contra las mujeres y las niñas.

Desde hace 20 años el Estado de Chile se ha comprometido a adoptar medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres, actuando con la debida diligencia en la investigación y sanción de los delitos pero asimismo en materia de protección y reparación de las víctimas, siendo una de las medidas de protección y reparación precisamente garantizar el acceso a la interrupción del embarazo cuando este es producto de una violación.

Finalmente, reiteramos que debatir y legislar sobre aborto para proteger los derechos de las mujeres constituye un imperativo democrático ineludible. Sin embargo, en Chile este debate ha sido retrasado por las resistencias morales y religiosas de un sector de la población por sobre los derechos de las mujeres, desconociendo el carácter  laico del Estado de Chile. Resguardar  al menos  las tres causales propuestas por el Gobierno, y demandadas por la ciudadanía que mayoritariamente respalda  la legalización del aborto terapéutico por violación e inviabilidad, y garantizar  a mujeres, adolescentes y niñas la atención medica e interdisciplinaria que el proyecto contempla, es urgente.

Hacemos un llamado a Ministros y Ministras así como a las presidentas/es de los partidos de la Coalición que no transen una vez más la posibilidad de avanzar en derechos humanos de las mujeres.

 Adhieren:

• Corporación Humanas
• Instituto de la Mujer
• Amnistía Internacional Chile
• Observatorio de Género y Equidad
• Corporación CIMUNIDIS