El profesor de la Facultad de Derecho y coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, es claro respecto al proceso que ha sucedido a la apertura de un conjunto de documentos de la Casa de Bello que datan del periodo de la dictadura militar, material que está siendo digitalizado para el acceso público por el trabajo del Archivo Central Andrés Bello, perteneciente a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.

En los documentos se encuentran procedimientos administrativos cotidianos, actas de la Junta Directiva y sumarios a los que se vieron sometidos integrantes de la comunidad universitaria durante la dictadura que no habían sido conocidos hasta el presente y que podrán ser utilizados para la reconstitución de la memoria histórica de la Universidad de Chile.

Según una declaración pública firmada por el Consejo Directivo de la Cátedra de DD.HH.“lo que ha hecho el Archivo Central Andrés Bello, es un aporte evidente al cumplimiento de la Universidad de Chile a la obligación de reparación por medio de la preservación de la memoria”, por lo que instan a que la comunidad universitaria, a través de las autoridades pertinentes, “pida perdón a quienes sufrieron persecución en su interior en tiempos de la dictadura militar. Asimismo, esperamos que quienes fueron parte de estos actos y siguen perteneciendo a la Universidad, asuman su responsabilidad personal y actúen en consecuencia”, según indica el punto sexto de la declaración.

"Tras el primer paso que significó la transferencia de la custodia de estos archivos pertenecientes a la Dirección Jurídica al Archivo Central Andrés Bello para su público conocimiento, la Universidad de Chile debe continuar en el proceso de reconstruir su memoria histórica, avanzando esta vez al reconocer las responsabilidad institucionales y personales implicadas en este oscuro periodo, especialmente de quienes aún se encuentran al interior de la comunidad universitaria. Esta es una forma de construir el futuro de nuestra Universidad como institución pública: de cara a la ciudadanía y sin pactos de omisiones o silencios", señaló la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, sobre este proceso.

Según Nash, “como Cátedra, queremos llamar la atención sobre la importancia de conocer la historia de nuestra Universidad, por dolorosa que sea. Nos parece importante que se reconozcan las responsabilidades, institucionales y personales. También es importante que se hagan gestos concretos como la petición de perdón por parte autoridades y gestos personales”.

La declaración también indica que “para que la Universidad de Chile se reconstruya como comunidad es importante que se reconozca institucionalmente -como se está haciendo con la apertura de estos documentos del Archivo Central- que aquí se desarrolló una política sistemática de persecución por razones ideológicas durante toda la intervención militar; que hubo miembros de la comunidad que fueron parte activa de esta persecución; y que, como consecuencia, muchos de sus hombres y mujeres vieron quebrados sus proyectos de vida por estos actos perpetrados, en muchos casos, por sus propios pares”.

Estos “actos de persecución y delación son moralmente condenables e inaceptables en una comunidad universitaria”, puntualizó el profesor Nash dado que “las responsabilidades no son solo las legales. También son morales e históricas, ambas fundamentales para la convivencia universitaria”.

La profesora Azún Candina, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades y encargada de la investigación sobre estos documentos por parte del Archivo Central Andrés Bello, indicó que “este es un trabajo en pos de la recuperación, la restauración y el uso público para la investigación de los expedientes de sumarios y lo que nosotros calificamos como ‘la universidad intervenida’.  Es del año 1973 en adelante hasta la década de los 80’s que la universidad sufrió un proceso de intervención dictatorial, donde lo más conocido son los rectores delegados, pero que es mucho más profundo que eso”.

Es por ello que, explicó Candina, este archivo se constituye en "un material que puede ser físicamente consultado acá en el Archivo y que en términos de archivo digital puede ser pedido por Ley de Transparencia a la Universidad, y pueden recibir la copia digital completa de los expedientes que pidan”.

La académica indicó que los archivos “son valiosos como patrimonio de la Universidad de Chile, pero también para la historia del país” porque lo que ocurre con la Casa de Bello “con esta intervención directa de autoridades militares y cívico-militares no sólo ocurre acá, e involucra la persecución política, pero también la construcción de un nuevo país. La evidencia física directa está”, dijo también haciendo referencia al proceso de separación de las sedes regionales de la U. de Chile, lo que también está documentado.

“En estos documentos no sólo se observan los procesos administrativos llevados a cabo, sino que también las respuestas de las personas en las investigaciones. Ahí queda claro que, pese a que había gente que acusaba a otra, también eran muchos más los que defendían a sus pares, algo muy valiente si pensamos que hay sumarios del año ’75 o ’78, cuando ya se sabía lo que estaba pasando”, agregó la investigadora que dice que el proceso de fichaje y catalogación del material de estos documentos ya alcanza a mediados de la década de los ‘80s y que pronto estará disponible todo el material que aún falta por clasificar, siendo este uno de los archivos más completos de lo ocurrido con una de las instituciones más importantes del país en tiempos de dictadura.

El 11 de septiembre del 2015, en la conmemoración de los 42 años del Golpe de Estado, la Universidad de Chile dio el primer paso en la desclasificación de estos archivos de la Dirección Jurídica.

En dicha ceremonia la directora del Archivo Central Andrés Bello, Alejandra Araya, dio a conocer a la comunidad universitaria este proyecto de conservación y difusión de este material guardado por décadas en las bodegas de nuestra Universidad, ocasión en la que la comunidad pudo escuchar un radioteatro del Sumario N° 001729, realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen. Este proceso, acontecido en 1977, fue traido al presente con la finalidad de recrear el ambiente del periodo y de los acontecimientos que rodearon la vida universitaria de esos años. Este sumario consta de la amonestación en contra de los estudiantes Juan Carlos Rozas, Juan Carlos Reyes y Rodolfo Fortunatti, proceso a cargo del fiscal Juan Vergara.