Pasado el mediodía de este lunes, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago falló en contra de la apelación presentada por las defensa del ex subsecretario de Minería, Pablo Waber, y de los ex controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

En fallo dividido de dos a uno, el tribunal de alzada revocó la decisión emanada el pasado 9 de julio por el Octavo Juzgado de Garantía, que había rebajado las medidas cautelares de los  tres imputados y decretando arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Tras la resolución, los principales protagonistas del caso volverán al arresto domiciliario completo.

“Uno de los argumentos que utilizó la Fiscalía es que resultaba contradictorio que siendo más graves los cargos que se habían formulado en contra de los imputados, pues había habido una nueva formalización de cargos con fecha 17 de junio por un total de 120 forwards y un perjuicio fiscal adicional de 2400 millones de pesos, nos resultaba contradictorio que la medida contra ellos fuera disminuida. Y ese argumento ha sido entendido por la Corte. Por lo tanto, fue restablecido el arresto domiciliario total”, afirmó al final de la audiencia el fiscal Carlos Gajardo.

En tanto, el abogado de los fundadores del grupo Penta, Julián López afirmó que “la resolución del juez Escobar estaba particularmente bien fundada especialmente tratándose del juez que había adoptado el criterio más estricto respecto de la imposición de medidas cautelares. No compartimos el criterio de considerar que no existe un peligro de fuga o para el éxito de la investigación y sin embargo pueda seguir siendo necesaria una medida de privación de libertad. Pero vamos a seguir pidiendo la revisión, las veces que sea necesario”, anunció.

Dado el nuevo escenario, se espera que las defensas de los imputados recurran a la Corte Suprema con el fin de conseguir la libretad provisional de sus representados.

Tanto Délano como Lavín enfrentan cargos por delitos tributarios y de soborno. En cambio, al ex funcionario del Gobierno de Sebastián Piñera, se le acusa de delitos tributarios, cohecho y lavado de activos.