El pasado 15 de junio, la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó el fallo de primera instancia contra la Pesquera Sunrise S.A, que en septiembre de 2013 desvinculó al pescador Luis González tras publicar un video en el que denunció el descarte de merluza en plena veda del recurso.

González recibió con felicidad el fallo a su favor, y afirmó ser "un pescador consciente del daño que algunas empresas hacen a los recursos pesqueros" y aseguró sentirse "orgulloso de que el video haya servido para mostrar las malas prácticas que se realizan en el mar y que perjudican la sustentabilidad de recursos que pertenecen a todos los chilenos".

El registro impactó ampliamente al dar cuenta del "descarte" del producto, que era capturado en forma ilegal por la pesquera, ya que en ese momento el recurso estaba en veda. Tal como lo demostraron las imágenes, las miles de merluzas eran devueltas al mar cuando ya estaban muertas, afectando así la preservación del recurso.

El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, afirmó al  respecto que “se debe terminar con prácticas ilícitas de industriales pesqueros, que despiden a sus trabajadores por decir la verdad. Este fallo debe ser un precedente para que los trabajadores pierdan el miedo a las 7 familias”.

El dirigente recordó que “la gran culpable de acciones como las que denunció Luis González, es la ley Longueira, por lo que es  imprescindible su anulación. Esta ley no solo ha permitido la depredación de los recurso pesqueros sino que permite que se vulneren los derechos de los trabajadores sin ninguna plataforma social que los resguarde”.

Cabe recordar que al momento de ser despedido por Sunrise, Luis González fue abandonado por la empresa en Tomé bajo la excusa de que "falta de probidad"

Tras su desvinculación, junto a su abogado Jorge Fonseca, presentó una demanda laboral por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales -como la libertad de expresión y la libertad de opinión-, contra las empresas Sunrise S.A y Camanchaca (en forma subsidiaria).

Este último punto fue acogido por la Corte de Apelaciones de La Serena, quien en la resolución sostuvo que “el despido del actor ha vulnerado el derecho fundamental consagrado en el art. 19 Nº12 de la Constitución Política, esto es, la libertad de omitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio (…)”.

La empresa fue condenada a cancelar las remuneraciones adeudadas a González, además del pago adicional de seis remuneraciones como indemnización.