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Son alrededor de 30 familias de la comunidad las que reivindican este territorio como propio y que mantienen aplicabilidad para su adjudicación desde el primer gobierno de Michelle Bachelet.
La comunidad también exige "la devolución inmediata" de un predio de la Forestal Mininco, parte de CMPC. "No bajaremos la voz ni los brazos, por lo que continuaremos con nuestro movimiento, esta vez definitivamente, para trabajar en estas tierras, levantando una ruka en el lugar donde antes de la usurpación vivían nuestros antepasados".
Los comuneros también declararon su total rechazo a las centrales hidroeléctricas, piscicultura y forestales "que invaden nuestro territorio, dañando el medio ambiente".