Durante el año 2012, la empresa Compañía Minera del Pacífico (CAP Minería), empresa minera perteneciente a la Compañía Acerera del Pacífico (CAP), ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto Puerto Cruz Grande.

La iniciativa se emplazaría en la Comuna de la Higuera, cercana al área marina Punta Choros, donde se encuentran la Reserva Nacional de Humboldt y la Reserva Marina de Islas Choros. Estaría ubicado en mismo lugar del paralizado proyecto termoeléctrico Barrancones.

El proyecto pretende construir una instalación portuaria para el embarque de hasta 13,5 millones de toneladas de minerales a granel al año, con una inversión total aproximada de 250 millones de dólares. La construcción duraría 24 meses.

 “El propósito inicial es brindar los servicios de recepción, acopio y embarque de graneles minerales de hierro requeridos por el “Proyecto Tofo” y, eventualmente, por otros proyectos mineros interesados”, como se sostiene en el EIA del proyecto.

Respecto al proyecto, una que ha sacado la voz en protesta es la actual senadora por la región de Coquimbo, Adriana Muñoz, quien se ha manifestado contraria al actuar del SEA.

A juicio de la senadora Muñoz, la decisión adoptada por el servicio debió haber sido devolver el proyecto a los proponentes, y no continuar su tramitación ordinaria luego de que varios servicios públicos manifestaran sus reparos a la iniciativa.

“Hay antecedentes que constan en el expediente de la evaluación,  donde queda de manifiesto que organismos públicos como CONAF y las Secretarías Regionales de Medio Ambiente, Salud y Transportes han formulado observaciones muy relevantes", sostuvo la autoridad por la zona.

Otro de los problemas que ha expuesto la Senadora está relacionado con el efecto acumulativo que se podría generar en el área.

Es decir, la nueva instalación portuaria favorecería el crecimiento de la minería que ya existe en el sector, con lo que podrían generarse aún más proyectos industriales para explotar esos yacimientos, y por ende se generaría un efecto global muy dañino sobre el medio ambiente y la salud de la población.

“Sin perjuicio que la evaluación es particular, creo que hay que tener en cuenta casos como el de Coronel o Quintero, en donde la instalación de proyectos productivos sucesivos, que se interrelacionan, terminan deteriorando irreversiblemente los lugares, con grave perjuicio a sus comunidades”, afirmó la senadora Muñoz.

Uno de los puntos que ha sido recalcado por la Senadora es el resguardo especial que se les debe dar a las áreas protegidas, para evitar desastres ambientales graves. Por otra parte reafirmó su compromiso por el desarrollo equitativo de las regiones del país, ya que muchas veces las comunidades ven este tipo de proyectos como iniciativas de crecimiento económico, aun cuando es deber del Estado asegurar el desarrollo de sitios aislados de manera pareja.